El pronunciamiento de De Luca, a cargo de la Fiscalía 4 de Casación, se produjo en la causa judicial que desde 2007 tramita ante el Juzgado Federal de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego.

En el caso fueron ordenadas las declaraciones indagatorias de 18 ex oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas a los que se les imputa haber "estaqueado" y "enterrado" a soldados durante el conflicto bélico, entre otros "tormentos y tratos crueles y degradantes".

Sin embargo, en forma paralela, continúa una disputa legal acerca de si esos hechos se encuentran prescriptos o si por su naturaleza deben ser investigados más allá del paso del tiempo.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Chubut) resolvió en octubre de 2018 que la causa debía continuar, pero esa decisión fue recurrida por uno de los implicados, Jorge Oscar Ferrante, y así llegó a la Cámara de Casación Penal.

En ese contexto, el fiscal De Luca solicitó a los jueces que se declare a los hechos investigados como "crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos" y sostuvo que "se encuentra involucrada la responsabilidad internacional de Estado Argentino".