Chaco se convirtió ayer en la tercera provincia del país en adherir a la Ley Nacional N° 27.592, conocida como “Ley Yolanda”. La norma, promueve la formación integral en cuestiones ambientales y desarrollo sostenible de todas las personas que desempeñan una función pública en los tres poderes del estado.

“Celebramos este avance y felicitamos a los legisladores de la provincia del Chaco por haber adherido tan rápidamente a esta ley nacional”, expresó al respecto la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente Marta Soneira. “Este marco normativo nos permite avanzar rápidamente en una línea estratégica para la capacitación a funcionarios”, amplió la funcionaria.

La adhesión, mediante la ley provincial 3338 aprobada ayer por la Legislatura chaqueña, reafirma el carácter transversal de los temas ambientales en el diseño y planificación de las políticas públicas. Respetando el uso racional de los bienes naturales para cuidar el equilibrio ecológico de nuestra región. Además, se enmarca en la agenda ambiental del Plan Chaco 2030 y en los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

“Esta ley demuestra la prioridad existente en el tratamiento de la agenda ambiental chaqueña, que es primordial tanto para el Poder Ejecutivo como Legislativo, y que queda en evidencia en la gran cantidad de propuestas legislativas con temática ambiental que tiene la Provincia”, destacó Marta Soneira.

La funcionaria explicó que será la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente el área a cargo del desarrollo de espacios de capacitación adecuados y suficientes para discutir y conocer sobre las principales problemáticas ambientales para así “pensar juntos las posibles soluciones”, concluyó Soneira, en referencia al ejercicio de la función pública.

Ley Yolanda

Esta ley lleva su nombre en homenaje a Yolanda Ortiz, primera mujer en América Latina en obtener un cargo de Secretaria de Estado en la cartera nacional de Recursos Naturales y Ambiente Humano (puesto que asumió en nuestro país en el año 1973); y quien falleciera el año pasado.

Así como la Ley Micaela obliga a funcionarios a capacitarse en materia de géneros y prevención de las violencias, la Ley Yolanda ordena a los agentes estatales una capacitación obligatoria en desarrollo sostenible y ambiente, considerando como prioridad detener el deterioro que el actual modelo de desarrollo está ocasionando al ambiente y biodiversidad.

Con esto, se instruirán en gestión de residuos sólidos urbanos; cambio climático; recursos naturales y biodiversidad; eficiencia energética; derecho ambiental; economía circular; e impacto ambiental de las políticas públicas, entre otros temas.

“Esto viene a complementar el fuerte trabajo que se está haciendo, de fortalecimiento a las organizaciones socio-ambientales de la Provincia, para lograr elevar la conciencia ambiental de los ciudadanos y desarrollar la cultura ambiental que requieren estos tiempos de cambio climático y nuevos desafíos a afrontar en línea con los compromisos nacionales e internacionales”, finalizó la secretaria de Estado Marta Soneira.