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4 de marzo de 2021

Clausuraron dos compañías de pesticidas por afectar la salud pública y el ambiente

Tras denuncias de los vecinos de la zona, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales constató que el establecimiento donde estaban las empresas continuaba en funcionamiento, con las fajas de clausura que habían sido colocadas desde diciembre de 2020 tapadas por cartelería propia.

La fiscalía también intimó al responsable de la explotación comercial y se lo imputó por violación de clausura.La fiscalía también intimó al responsable de la explotación comercial y se lo imputó por violación de clausura.
Dos compañías de pesticidas fueron clausuradas en el barrio porteño de Parque Chas por afectar las condiciones de seguridad a la salud pública y el ambiente, en el marco de una causa que investiga la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, informó este jueves el Ministerio Público Fiscal.

La investigación se inició a raíz de denuncias de los vecinos de la zona y el procedimiento fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales que constató que el establecimiento donde estaban las dos empresas continuaba en funcionamiento.

Le empresa tenía tapadas con cartelería propia las fajas de clausura que habían sido colocadas por la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) y la Dirección General de Fiscalización y Control DGFyC desde el 21 de diciembre de 2020 “por encontrarse afectadas gravemente las condiciones de seguridad medioambientales”, señalaron.

Tras advertirse la situación de urgencia por la afectación a las condiciones de seguridad a la salud pública y al ambiente, el fiscal Carlos Rolero Santurián -a cargo de la causa- dispuso el cese de la actividad comercial, imponiendo la clausura judicial y el tapiado del acceso, como así también el secuestro de las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento y los comprobantes de movimiento de mercadería.

La fiscalía también intimó al responsable de la explotación comercial y se lo imputó por violación de clausura, agravada por tratarse de una actividad crítica en los términos de la Ley 2253 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las medidas impuestas se notificaron al Juzgado Penal Contravencional y Faltas 29, a cargo de Araceli Martínez.


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