la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que la medida sólo agravará la agonía de las pymes e hizo un llamado a los gobernadores para que no afecten al sector.
Por efecto de la pandemia, desde que comenzó la cuarentena hasta el mes de diciembre de 2020 cerraron 90.700 locales, 41.200 pymes están en situación de colapso y quedaron afectados 185.300 trabajadores, según cálculos de la entidad. Además, un reciente estudio identificó que el 51% de las pymes debe impuestos, 34% servicios y el 37% tomó deudas “extras” para poder sobrevivir.
Así surge del relevamiento realizado por CAME entre el 11 de mayo y el 7 de junio sobre 1.020 pymes del país. Los resultados indicaron que:
El 37% de las pymes consultadas contrajo endeudamiento “extra” este año para sostener la actividad. Y aunque esa proporción es 18 puntos menor al segundo semestre de 2020 (55%), se suma que entre las empresas que tomaron deudas financieras el año pasado para cubrir su menor actividad, un 27% debió refinanciarlas y otro 15% está en mora.
A las deudas financieras se agregan las impositivas: el 51% de las pymes relevadas declaró tener pasivos fiscales. Aunque esa ratio bajó 6 puntos frente a 2020, el 27,5% de las empresas que este año dejó de pagar impuestos postergó todos esos compromisos (nacionales, provinciales y municipales). El 72,5% restante solo una parte.
El mapa de endeudamiento pyme se completa con: 34% de empresas que adeudan servicios públicos (-6 puntos menos que en el segundo semestre de 2020), 15% que debe alquileres (en este caso aumentando 2 puntos frente a 2020) y 12% con dificultades para pagar salarios en tiempo y forma (- 5 puntos frente al segundo semestre de 2020).
En el caso impositivo, sólo 22% de quienes tenían deudas el año pasado las puso en moratoria. Mientras que un 33% solo puso algunas de ellas, y el resto, 45%, las dejó pendientes.
Vale destacar demás el aumento de la informalidad laboral por la alta carga impositiva. De acuerdo con el “Informe sobre el Mercado de Trabajo” que el INDEC publicó a fines de 2020, 2,7, millones de trabajadores se encuentran en esta condición.
Si se tiene en cuenta este panorama, sumado al descontrol de las ferias y manteros que continúan proliferando sin ningún tipo de control, generando una competencia desleal con el comercio formal, resulta incomprensible la decisión de establecer la suspensión de beneficios que tanto costó conseguir, como el cronograma de reducción de impuestos.
Por otra parte, la ley también deja sin efecto la desgravación para los ingresos de exportación de bienes o servicios y permite aumentar alícuotas del impuesto de sellos por transferencia de inmuebles, automotores y actividades hidrocarburíferas.
