La Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, a través del equipo de Fiscalización y la Brigada Operativa Ambiental (BOA) como organismo de aplicación y coordinación de la Ley 2.026 de Biocidas, realizó un trabajo de inspección y toma de muestras en campos de 35 productores de la zona de Presidencia Roca, tras tomar conocimiento de denuncias por fumigaciones aéreas en estos lugares.

Las inspecciones se realizaron en los campos afectados de los productores para verificar el estado de los cultivos y los síntomas que presentan, asimismo se tomaron muestras para análisis que permitan conocer los productos aplicados y se realizó el acta de inspección a la firma Marfra SA, solicitando la documentación que acredite las habilitaciones y la receta agronómica de expendio y aplicación de los productos utilizados.

Fruto de dichas inspecciones, el resultado fue que dicha empresa realizó una fumigación aérea con vientos a una velocidad no permitida o habilitada para aplicación y sin receta agronómica.

Al respecto, los productores afectados transmitieron la denuncia por la que se movilizó a la BOA junto al equipo técnico profesional de Fiscalización de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, a activar el protocolo de actuación establecido para estas situaciones.

“Es fundamental en estos casos el trabajo conjunto del Gobierno provincial, el Gobierno municipal y la población afectada para acudir rápidamente a los sitios afectados y hacer la verificación in situ”, remarcó la subsecretaria Ambiente y Biodiversidad María Lidia Garrafa.

“Además del trabajo en campo, se solicitaron los datos meteorológicos a la Estación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para verificar las condiciones climáticas en las que se permite efectuar aplicaciones de biocidas”, precisó Garrafa.

Los Equipos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente continúan trabajando en el relevamiento de las áreas afectadas y en la identificación de las responsabilidades en los hechos.

La normativa sobre los biocidas

La ley de Biocidas (2026), establece que el Poder Ejecutivo a través del organismo de aplicación, deberá reevaluar anualmente la clasificación de los biocidas que se usan en la provincia, según la toxicidad admitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), convocando si fuera necesario a otros organismos competentes a fin de desarrollar estudios propios en la materia, contemplando los posibles daños producidos por el producto formulado comercialmente y con potestad de prohibir y/o restringir su uso en el ámbito provincial.