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12 de febrero de 2018

Frondoso prontuario del nuevo abogado de Nahir Galarza

La familia de la joven contrató a José Ostolaza, quien defendió a sangrientos delincuentes, ladrones de bebés, traficantes de personas, violadores, narcos y estafadores.

A más de 40 días de haber confesado en la Justicia el asesinato de su novio mediante dos balazos con el arma reglamentaria de su padre policía, y luego de que la jueza le negara por cuarta vez su pedido de prisión domiciliaria, Nahir Galarza apoyada por su familia, decidió cambiar a su abogado debido a que quien la defendió hasta el momento, Víctor Rebossio, no tenía una estrategia definida

El 29 de diciembre, día que asesinó a Fernando Pastorizzo, la joven se presentó junto a su asesor legal, Víctor Rebossio, reconoció la autoría del crimen, entregó el arma homicida y quedó detenida en la Comisaría de la Mujer. 

A la primera imputación de “homicidio con agravante de arma de fuego”, se le sumó la del “vínculo” y, ahora, la pericia balística podría incorporar además el de la "alevosía",  lo que le haría enfrentar una condena a cadena perpetua.

Con la etapa de investigación cerrada, es inminente que el fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, pida la elevación a juicio oral, que comenzaría a mediados de marzo.

¿Quién es José Ostolaza?

Se trata de un abogado de muy bajo perfil, que es reacio a conceder entrevistas y tampoco le da protagonismo a terceros como hizo Rebossio con el manager de la joven, Jorge Zonzini.

El ahora letrado de Nahir tiene un frondoso prontuario por haber defendido a personas acusadas de delitos graves. Según informa el diario "El Día de Gualeguaychú", en 2014 fue abogado de un hombre acusado de "traficar chinos" y dos años más tarde representó a una pareja sentenciada por haber adoptado ilegalmente un bebé en Basavilbaso, Entre Ríos.

Además fue representante legal de traficantes de personas, robadores de bebés, violadores y de la “banda narco del gordo Nico”,  estaba conformada por 15 penitenciarios y policías que vendían estupefacientes. Se condenó a 11, pero sólo a multas económicas.

También intervino en la causa de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, donde se investiga un fraude al Estado de 45 millones de pesos.



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