La policía entrerriana pidió una sanción de 40 días de arresto para Marcelo Galarza, padre de Nahir Galarza, la joven que está siendo juzgada por el homicidio de su ex novio, Fernando Pastorizzo
, por haber descuidado su arma reglamentaria, con la que se cometió el crimen en Gualeguychú, informó el director de Asuntos Internos de la fuerza, José Jaluf.
La imposición de la sanción deberá ser resuelta por la Junta de Disciplina, que cuenta con diez días para decidir, lapso durante el cual Galarza tendrá la oportunidad de defenderse.
Al padre de Nahir, que es oficial de la policía entrerriana y que está de licencia desde que se cometió el crimen, se le cuestiona la custodia del arma reglamentaria a su cargo, que habría dejado arriba de la heladera de su domicilio.
En declaraciones a radio Máxima de Gualeguaychú, el comisario Jaluf informó que por disposición del director general de la Policía se les encomendó la custodia del arma de Galarza y que lleven adelante las tareas administrativas respecto del caso.
"Lo que se cuestiona es la custodia del arma reglamentaria, que está prevista en el artículo 15º de la ley 5654 del año 1975, porque los que integramos los cuerpos de seguridad y técnicos estamos obligados en todo momento a portar el arma. En Entre Ríos somos 12 mil los funcionarios que portamos armasâ€, explicó.
"Al funcionario policial que tenía a su cargo dicha arma le estamos cuestionando la custodia de la misma ya que, sea por un descuido o por lo que fuere, la dejó al supuesto alcance de otra persona que, aparentemente, la utilizó. Se trata de una falta graveâ€, agregó Jaluf.
El jefe de Asuntos Internos detalló que el pedido de sanción de 40 días de arresto fue elevado a la Junta de Disciplina, que deberá resolver sobre la situación de Galarza y también si acepta o no su pase a retiro de la fuerza policial.
Galarza acompaña en estos días a su hija, quien es juzgada por el crimen de Pastorizzo y cumple prisión preventiva desde los primeros días de enero en la cárcel de la Mujer y la Familia de esa localidad del sur de Entre Ríos.
La joven, que estudiaba derecho en la Universidad de Concepción del Uruguay, había admitido en su primer confesión la autoría del crimen, pero luego modificó esa declaración.
