>Cuatro años, tres meses y diez días permaneció el coronel retirado de la Guardia Nacional José Ramón Silva Reyes en la embajada de Guatemala en Managua, desde el 18 de julio de 1979 hasta el 30 de octubre de 1983. Desde ese último día desapareció.

Silva Reyes fue uno de los miles de militares que buscaban escapar de Nicaragua en los últimos días de la guerra civil que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle, en julio de 1979. Algunos cruzaron la frontera, muchos se refugiaron en sedes de la Cruz Roja y otros irrumpieron en embajadas pidiendo asilo y protección para su vida.

José Ramón Silva Reyes era un coronel de infantería, fue fiscal y comandante militar en el norteño departamento de Nueva Segovia. Al momento del triunfo sandinista, estaba retirado, pero sabía que por su rango era un objetivo de quienes estaban tomando el poder en Nicaragua.

La versión oficial de 1983 fue que Silva Reyes y otros dos asilados se habían fugado de la sede diplomática entre el 29 y 30 de octubre. Así lo informó el Ministerio del Interior en un comunicado publicado en el oficialista diario Barricada.

Nadie creyó esa historia en la familia. La Cancillería guatemalteca confirmó que no tenía prueba alguna de escape. El régimen nunca mostró un registro de detención, ni liberación, ni traslado. Simplemente repitió que se había fugado.

En 1985 desertó de Nicaragua, y buscó protección en Estados Unidos, Álvaro Baldizón, un exoficial de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) que, a mediados de los años 80, formaba parte de las estructuras de inteligencia sandinista encargadas de operaciones sensibles y del manejo de información clasificada.

Entre otras graves revelaciones, Baldizón confirmó que la Dirección General de Seguridad del Estado infiltró en 1981 a un falso asilado dentro de la embajada de Guatemala para sacar y asesinar a altos oficiales de la derrotada Guardia Nacional que se refugiaron ahí.

Durante casi dos años hizo trabajo de inteligencia y acercamiento para ganar la confianza de las verdaderas piezas que la DGSE buscaba: Silva Reyes, Alfonso Lagos y Chester Escobar.

Esos primeros fugados llamaron luego desde Guatemala para reportar sus salidas exitosas y eso terminó de convencer al coronel, que llevaba años encerrado en pocas habitaciones, comiendo raciones mínimas, con una salud cada vez más frágil y sin esperanza de obtener un salvoconducto.

Lo que había realmente del otro lado del muro era una celada. Según Baldizón, fueron capturados en un rancho en las faldas de las sierras de Managua por miembros del Departamento F1, bajo la orden del teniente Raúl Castro González.

Además, como en este caso, ejecutaba detenciones clandestinas, seguimientos, interceptación de comunicaciones y operaciones de “control social” que no quedaban registradas en estructuras formales.

Según las declaraciones de Baldizón, a Silva y compañía los llevaron a celdas clandestinas en Tipitapa, donde actuaban los oficiales encargados de las llamadas medidas especiales: torturas, interrogatorios y ejecuciones sin juicio.

Los familiares de Silva Reyes comenzaron su peregrinaje inmediatamente después del comunicado “de fuga” del régimen. Su hijo, Ramón José Silva López, pidió información en oficinas públicas, cuarteles y ministerios. Lo único que obtuvo fueron amenazas de la Seguridad del Estado. Finalmente huyó al exilio.

“Sin embargo el señor Tomás Borge me dijo: ‘que era imposible que se le diera salvoconducto al que fundó la Oficina de Seguridad Nacional, que era uno de los que la revolución lo quería vivo o muerto y me pidió que le dijera que mejor se entregara que tendría un juicio justo’”, dijo en su testimonio Silva López.

En Nicaragua, la familia presentó la denuncia ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en 2005. Pidieron que el Estado investigara y ubicara el paradero de Silva Reyes.

“Según declaraciones del señor Roberto Escobedo Caicedo (posiblemente un seudónimo), una vez que el señor Silva Reyes junto con los otros dos asilados fue entregados al DGSE, los condujeron a un centro de torturas e interrogatorios que tenían en un local situado en las proximidades de la Cárcel Modelo de Tipitapa, donde procedieron a torturarlos y que con posterioridad los ejecutaron y los enterraron en una zanja”, expuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la presentación del caso ante la Corte IDH, en agosto de 2023.

Álvaro Baldizón, el agente que dio pistas de la desaparición, murió en extrañas circunstancias tres años después de desertar de las filas sandinistas, el 19 de junio de 1988, en Los Ángeles, Estados Unidos. Oficialmente murió “por derrame familiar”, pero los medios sandinistas celebraron su muerte como por “sobredosis de drogas”.

Fuente: telam