Desde Bruselas, la Comisión Europea reaccionó con dureza. Un portavoz afirmó que la UE “condena firmemente la decisión de Estados Unidos” y subrayó que “la libertad de expresión es un derecho fundamental en Europa y un valor compartido con Estados Unidos en el conjunto del mundo democrático”. El Ejecutivo comunitario indicó además que pedirá explicaciones formales a Washington y que se reserva la posibilidad de responder “de manera rápida y decisiva” ante lo que considera una medida arbitraria.

Breton fue uno de los principales impulsores de la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA, por sus siglas en inglés), una normativa emblemática que obliga a las grandes plataformas tecnológicas a combatir contenidos ilegales como el discurso de odio o el material de abuso sexual infantil. Esta legislación ha sido duramente criticada por la administración Trump, que la considera una amenaza a la libertad de expresión y un ataque directo contra empresas estadounidenses.

Además de Breton, las sanciones estadounidenses alcanzaron a Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate, con sede en Estados Unidos; a las activistas alemanas Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la organización HateAid; y a Clare Melford, cofundadora del Global Disinformation Index, según informó la subsecretaria estadounidense de Diplomacia Pública.

El Gobierno británico adoptó un tono más cauto, pero defendió también el papel de las instituciones que trabajan para limitar los contenidos más dañinos en la red, recordando que, si bien cada país es soberano en materia de visados, el Reino Unido respalda los esfuerzos para proteger el debate público frente a abusos y campañas de desinformación.

El caso de Breton no es aislado. En agosto, Estados Unidos ya había sancionado al juez francés Nicolas Yann Guillou, miembro de la Corte Penal Internacional, en represalia por investigaciones del tribunal relacionadas con Israel y con actuaciones pasadas de funcionarios estadounidenses.