En relación al clima de discusión parlamentaria y sindical, Cordero valoró el intercambio en el Senado y expresó que “permite a la opinión pública enterarse de la realidad de las cosas”. Sobre la posición de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la posibilidad de que se judicialice la reforma, afirmó: “El sindicalismo es extremadamente necesario en una democracia” y destacó el diálogo permanente con los gremios. Recomienda distinguir los aspectos políticos de la defensa real de los derechos laborales.

Según Cordero, la propuesta procura ordenar el sistema laboral para que todos —trabajadores, empleadores y organizaciones gremiales— se beneficien dentro de un esquema que busca el desarrollo colectivo de Argentina.

Con la inminencia de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias que se iniciará este lunes y se extenderá hasta finales de febrero, el Gobierno libertario intensifica gestiones para lograr que la reforma laboral En este escenario, la definición del proyecto se encuentra atravesada por negociaciones de último momento sobre la distribución de la coparticipación, un tema que ha cobrado relevancia en las discusiones recientes. Voces cercanas al oficialismo destacaron la urgencia de solucionar este punto, mientras un referente del sector privado advirtió a Infobae: “Si no se hace algo ya se repetirá una pandemia, pero en rutas”, en alusión al deterioro de la obra pública y la necesidad de activar recursos para mitigar riesgos en infraestructura vial. Esta postura se tradujo en solicitudes explícitas dirigidas a Patricia Bullrich y peticiones al ministro de Economía, Luis Caputo, para que revise prioridades en áreas críticas.

El trayecto parlamentario de la reforma no ha estado exento de obstáculos. En diciembre se obtuvo el dictamen de mayoría, pero la falta de acuerdos plenos entre el oficialismo y los sectores dialoguistas ha provocado demoras. Ahora, el eje de las demandas gira en torno a la potestad conferida al Ministerio de Economía para reglamentar aspectos clave del proyecto, especialmente el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y otras herramientas tributarias vinculadas al artículo 212 del dictamen. Según confirmaron fuentes de dos despachos parlamentarios a Infobae, “Eso ya se sacó”, apuntando a la búsqueda de consensos sobre los mecanismos reglamentarios que acompañarían la ley una vez aprobada.

Otro punto central es la negociación con gobernadores, cuya relevancia trasciende el articulado puntual de la reforma. Para La Libertad Avanza, lograr acuerdos con mandatarios provinciales es clave para asegurar los votos que permitirían aprobar el texto. Algunos pactos ya se lograron, aunque persisten resistencias de legisladores independientes que aprovechan el contexto para exigir concesiones adicionales. Los dialoguistas insisten en establecer plazos más claros en la aplicación de la normativa, particularmente en lo referente a beneficios por Ganancias para grandes empresas, mientras que prefieren una clasificación más amplia que no excluya a otros sectores.

De prosperar la aprobación en el Senado, el proyecto de reforma laboral llegará fortalecido a la Cámara de Diputados, configurando un test definitivo sobre la solidez de la estrategia política del oficialismo, que sufrió la presión persistente de la oposición durante los años 2024 y 2025. Todo dependerá de los acuerdos logrados en los próximos días, tanto en torno al reparto de fondos como en la flexibilidad de los plazos que regularán nuevos regímenes para inversiones o beneficios impositivos. La expectativa general se instala sobre si los eventuales aliados cederán finalmente y cuál será el margen de maniobra de Caputo en la reglamentación de las medidas.

Fuente: telam