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04/02/2026

La CGT busca aliados entre empresarios para frenar la reforma laboral: quiénes aparecen como socios clave

Fuente: telam

Tres entidades del sector empleador critican el proyecto oficial y los sindicalistas quieren unir fuerzas para defender los aportes compulsivos mediante los convenios colectivos. Qué está en juego con esa postura

>La CGT aún confía en que prosperarán las negociaciones secretas con el Gobierno para modificar la reforma laboral que tratará el Senado, mientras celebra la grieta que el proyecto oficial abrió entre las entidades empresariales y que podría contribuir a su estrategia.

Por eso los sindicalistas aseguran que reforzaron su acercamiento con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que, en paralelo con la CGT, plantearon sus objeciones al proyecto oficial porque, entre otros puntos, limita los aportes compulsivos para las entidades empresariales vía convenio colectivo de trabajo, que ya habían sido convertidos en voluntarios en marzo pasado a través del decreto 149 impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Esta postura crítica terminó de romper la unidad empresarial ante la reforma laboral, donde el principal apoyo proviene de la Unión Industrial Argentina (UIA), que preside Martín Rappallini, y otras entidades como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA).

En perfecta sintonía, estas asociaciones se pronunciaron en duros términos contra polémicas cláusulas de los convenios colectivos: en el caso mercantil, fija un aporte obligatorio por cada empleado de comercio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que impone al empleador aportar el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A.

En el sector metalúrgico, ADIMRA también se beneficiaba del aporte obligatorio por parte de las empresas del 1% del total de las remuneraciones brutas mensuales y eso desató enfrentamientos con muchas compañías que se resistían a pagarlo y el rechazo de las pymes agrupadas en CAMIMA. Algunas presentaron reclamos judiciales e incluso existen fallos favorables a esa postura.

En las últimas semanas, la CAC, la CAME y ADMIRA también insistieron con su reclamo ante el Gobierno y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y advirtieron que anular ese aporte daría lugar a una judicialización de la reforma laboral porque es una cláusula pactada libremente entre las partes a través de los convenios colectivos de trabajo.

Es casi el mismo argumento que utilizan los sindicalistas para defender las cuotas solidarias, que permiten el financiamiento de los gremios con esos descuentos compulsivos a los trabajadores a través de los convenios y que también tendrán limitaciones si se sanciona la reforma laboral del Gobierno: si bien se eliminó un artículo que exigía el consentimiento explícito del trabajador para pagar ese aporte, se quitó la obligación de que las cuotas solidarias sean recaudadas por el sector empleador y gire los fondos a los gremios, una variante que pondrá en riesgo las arcas sindicales.

Por eso la CGT unió fuerzas con las entidades empresariales que critican el proyecto oficial: la impresión en el ámbito sindical y patronal es que si la Casa Rosada finalmente decide dejar a salvo las cuotas solidarias para los sindicatos podría hacer lo mismo con los aportes que defienden la CAC, la CAME y ADIMRA.

Fuente: telam

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