Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.

En el recurso, se objetó la imparcialidad del juez de primera instancia y se sostuvo que el magistrado, por desempeñarse como docente universitario, integra el grupo de personas beneficiadas por la medida de recomposición salarial.

En los últimos días, el Ejecutivo comenzó negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)para impulsar una reforma en el financiamiento de las universidades públicas, con la intención de garantizar viabilidad fiscal y atender los reclamos históricos del sector académico.

En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.

En este contexto, el secretario de Educación Carlos Torrendel y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez mantuvieron una reunión con Carlos Greco y Franco Bartolacci, presidente y vicepresidente del CIN, para comenzar a tejer respaldos institucionales al proyecto antes de su presentación parlamentaria.

Según fuentes del Ejecutivo, la nueva ley pretende responder a la demanda de previsibilidad fiscal, reclamada por el Gobierno, y de garantías jurídicas, solicitadas por el sector universitario. Para agilizar el trámite y evitar nuevas confrontaciones públicas, el Gobierno busca la sanción de una norma que resuelva la negociación presupuestaria y cierre los frentes legales en una única instancia parlamentaria.