La primera iniciativa tendría como novedad que promovería la baja del impuesto a los Ingresos Brutos (una medida que el Gobierno nacional busca que las administraciones provinciales realicen), aunque todavía no se dieron a conocer los detalles de bajo qué parámetros de inversión.

El proyecto de adhesión al esquema de inversiones había sido presentado una vez aprobada la Ley Bases pero perdió estado parlamentario. Quien lo volvió a impulsar por estos días es la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura fueguina, Natalia Graciania Flores, quien responde al diputado nacional Santiago Pauli, que tiene aspiraciones de ir a la gobernación el año próximo. Desde hace días que en ese sector viene especulándose con la posibilidad de conseguir la venia del oficialismo provincial para movilizar el proyecto.

Por caso, Melella oficializará recambios en tres de sus ministerios el próximo lunes. Gabriela Castillo asumirá como nueva Ministra de Energía. Martín Moreyra quedará al frente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos; a la vez que colocó a Lucía Rossi como Ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia.

La disputa que el Gobierno quiere tener en Tierra del Fuego se visualizó en una medida reciente tomada desde Nación. A través de la Resolución 4/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables dispuso la suspensión de la habilitación e intervención del Puerto de Ushuaia bajo el argumento de que habían encontrado presuntas irregularidades financieras y desvíos de fondos que iban para financiar las arcas de la administración provincial.

Ante esto, el Gobernador de Tierra del Fuego inició una acción judicial con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de esa resolución. “La Provincia es la directamente afectada por el accionar irregular e ilegítimo de la Nación, ello en tanto ha sido desplazada de la gestión de un bien de su titularidad, integrante de su dominio público”, indica la demanda, que además marca que “el accionar ilegítimo por parte de la ANPYN invade competencias constitucionales propias, compromete su responsabilidad institucional, administrativa, financiera y fiscal”.

Fuente: telam