Condenaron a Milagro Sala a 13 años de prisión

Luego de hallarla culpable por fraude a la administración, extorsión y

asociación ilícita

en carácter de jefa, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de

Jujuy

dictó 13 años de prisión a la líder de la organización

Tupac Amaru

,

Milagro Sala

. Este lunes por la noche se conoció el fallo en el juicio denominado “Pibes Villeros” que investiga el desvío de fondos públicos y que la tenía imputada junto a otros 29 acusados, de los cuales la mayoría fueron también condenados y algunos pocos absueltos.

En el tribunal presidido por María Alejandra Tolaba, e integrado por las vocales Carolina Pérez Roja y Cecilia Sadir la audiencia debía comenzar las 9 pero se suspendió hasta las 20.30 debido a que el imputado Juan Manuel Aguilera -hijo de la diputada provincial de Cambiemos Mabel Balconte, también imputada en esta causa- fue detenido en la provincia de Salta por una causa de tráfico de estupefacientes y no pudo llegar, aunque los jueces exhortaron un oficio a la justicia federal para que el mismo pudiera comparecer a la audiencia a la tarde.

Por la mañana, cuando se disponía el comienzo de la audiencia la dirigente

Milagro Sala

ingresó al Palacio de Tribunales acompañada de dos efectivos del Servicio Penitenciario. En el recinto se dirigió a los medios de comunicación presentes, para cargar contra el gobernador jujeño, Gerardo Morales, al indicar “que le tiene miedo para competir políticamente” y que por ello “quieren condenarla”. “Si es un señor que me dé la libertad y compitamos mano a mano por la gobernación”, sostuvo Sala.

“Nadie investiga nada, pero sí investigan a la negra, a la coya, a la chorra. Salgan a investigar. Los negros que tenemos una camioneta y una casa somos corruptos y delincuentes. Por qué no vamos a ver a los hijos de Morales o a los funcionarios, que en menos de tres años ya han cambiado cuatros veces de vehículos”, disparó Sala.

En este juicio, además de Sala, había otros 29 acusados, entre ellos ex funcionarios provinciales y cooperativistas, acusados de defraudar al

Estado

en unos 60 millones de pesos cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, las cuales no se habrían realizado.