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25 de enero de 2019

La revolución del semáforo rojo

*Por Jorge Capitanich
Un episodio reciente en la calle Obligado al 50, vinculado al control de motos, tuvo como protagonistas a trabajadores municipales y referentes de movimientos sociales en virtud del secuestro realizado por autoridad municipal por violar normas de tránsito.

La reacción inapropiada e ilegal por parte de 100 miembros de un movimiento social que no acataron la decisión de autoridad competente e hicieron justicia por mano propia apropiándose de cinco motos secuestradas originó la rápida reproducción en las redes sociales inculpándome a mí como intendente municipal.

Como tengo experiencia y paz en mi corazón trato de tomarme cada uno de estos episodios con mucha calma y prudencia con el objeto de garantizar equidad y justicia en el tratamiento de los temas que son de incumbencia municipal.

Enseguida un coro de reaccionarios exacerba sus críticas a los “piqueteros” que no respetan la ley y que tienen privilegios por parte del Departamento Ejecutivo Municipal frente a otros conductores que deben inexorablemente pagar sus multas. Tampoco debemos pasar por alto aquellos que consideran a los “piqueteros” como movimientos creados por Capitanich, que hoy no puede controlar, y los infaltables “candidatos” que hablan de Resistencia como ciudad anarquizada producto de los cortes de calle y el rol de los movimientos sociales.

La verdad debe primar frente a todas estas operaciones políticas sin sustento alguno. Que yo sepa la injusticia social proviene desde el germen de nuestra historia, que protestas sociales hubo siempre y que los movimientos sociales no fueron un invento mío. Lo único que hice fue poner un oído en el pueblo y escuchar sus demandas, pues se trataba y se trata de trabajadores desocupados que reclaman por su propia dignidad. O sea, demandan por techo, tierra y trabajo. Tan simple como eso.

El responsable de la existencia de los movimientos sociales es precisamente el neoliberalismo hegemónico que destruye empleos, genera exclusión social, promueve inequidad en la distribución del ingreso, licúa salarios, aniquila derechos e irradia hambre, bronca e iracundia.

Desde la dictadura militar de 1976, pasando por la hiperinflación y el ajuste neoliberal se produjeron saqueos a las clases populares y esto genera consecuencias, teniéndolas a la vista con notoria evidencia.

Si de algo me siento responsable, es haber hecho un gran esfuerzo por corregir estas asimetrías y mejorar la calidad de vida de mi pueblo ganando elecciones internas y generales, sin el dedo de nadie en elecciones democráticas y transparentes. Cada función electiva que cumplí la hice por voluntad de mi pueblo y con contundente apoyo popular.

Frente a este reclamo existen dos opciones: reprimir la protesta social sin escuchar las demandas o escuchar las demandas e intentar soluciones a los problemas de la ciudadanía.

El pueblo elige a gobernantes para que realicen sus mejores esfuerzos con el objeto de resolver sus demandas. Los periodistas no tienen la obligación de resolver sus problemas sino de comentarlos y visibilizarlos. La noble tarea de los medios de comunicación y los periodistas, en una prensa libre e independiente con libertad de expresión, debe ser tan respetada como el ejercicio de gobierno derivado del voto popular en elecciones libres y democráticas. En esta inteligencia, es preciso identificar las responsabilidades.

Los trabajadores municipales deben ser respaldados por el Departamento Ejecutivo Municipal, pues aplican las ordenanzas sancionadas por los representantes del pueblo en virtud de su representación popular. No deben hacer asambleas ni efectuar ninguna protesta social o interrumpir sus respectivas actividades, pues implica incumplir con el Estatuto Municipal y sus obligaciones como trabajador. Por un lado exigen protección y garantías para que las normas municipales se cumplan y por el otro promueven incumplir con sus obligaciones.

Los movimientos sociales no pueden aspirar a generar una revolución social en base a la conciencia adquirida por cruzar un semáforo en rojo. Cruzar un semáforo en rojo no los habilita a ser comunistas, ni aplicar el “manifiesto comunista” ni sentirse Marx, Hegel, Lenin o Trotski.

En una ciudad organizada, en el marco de una sociedad democrática, abierta y plural, las ordenanzas se deben respetar pero no para beneficiar al municipio sino para proteger la integridad física de sus habitantes y ciudadanos. Cruzar un semáforo en rojo es un acto suicida, lo mismo que llevar más de dos personas en una moto, o no respetar la velocidad máxima o no usar casco. Estas son normas elementales, del mismo modo que la obligación de no beber si tiene que manejar, no usar el celular cuando maneja, utilizar obligatoriamente el cinturón de seguridad y respetar los semáforos y la velocidad máxima.

Si todos los ciudadanos y habitantes de la ciudad cumpliéramos las normas de tránsito, el riesgo de accidentes sería cero y salvaríamos vidas que se desperdician por no contar con camas disponibles en terapia intensiva del hospital Perrando.

Muchas veces tenemos movilización de parte de movimientos sociales por ripio, arreglos de calles, desmalezados, pavimento, alumbrado público, barrido de calles, podas o desagües a pesar de haber organizado 300 comisiones vecinales y haber concurrido a 460 reuniones vecinales en 365 días del año 2018. No me tomo vacaciones desde 2016 y trabajo todos los días desde el inicio de mi gestión, pese que mis opositores decían que mi cargo era testimonial. Desde barrer las calles, hasta cortar el pasto, embolsar mercaderías en emergencia, cargar o descargar camiones y embolsar arena visitando a nuestras comunidades, hice de todo.

Los que critican o usan las redes sociales como un método de la más pura y cruel infamia lo único que hacen o hicieron es hablar, pues nunca hicieron ni seguramente harán nada. No me cabe ninguna duda que las movilizaciones son organizadas con el objetivo de perjudicarme. ¿O alguno puede creer que nos beneficia? Entonces en rol de los servicios de inteligencia del gobierno nacional y los opositores de turno operan de esta manera, pues es la única manera de sensibilizar los votos de cierta parte del electorado con estrategias evidentes de polarización.

Pero los que deben reaccionar son los movimientos sociales para no ser “idiotas útiles” de expresiones recalcitrantes de derecha que una vez en el poder van por ellos. La metodología del corte, por el corte mismo, no es conducente en tanto y en cuanto generan reacciones en sectores sociales que pueden y deben ser naturalmente aliados en procesos de lucha social destinados a reivindicar derechos.     

Es necesario observar con prudencia este fenómeno, porque muchas veces “distinguidos” personajes de nuestra comunidad con excesos en control de alcoholemia efectúan protestas o despliegan acciones que no tienen el mismo impacto y repercusión social, pero cuando se trata de “piqueteros” se descargan las más duras estigmatizaciones.

El orden social injusto no deviene en un orden jurídico justo en virtud del recalcitrante privilegio que conlleva la administración de justicia del sistema republicano. Pero las normas de tránsito no implican discutir el modelo social. Se trata de cumplir un sistema de protección ciudadana.

En virtud de esta interpretación contra-fáctica pueden existir dos extremos: la de máxima liberalidad sin normas que cumplir o la de máxima rigurosidad en la aplicación de las normas.

Si los ciudadanos de Resistencia no quieren tener normas de tránsito, pues deberán concurrir al Consejo Municipal a partir del 1 de Marzo y derogar las mismas. Nosotros nos encargaremos de cumplirlas, entonces no habrá más semáforos, ni policía municipal, ni inspectores ni nadie controlará a los conductores ni tampoco se secuestrarán bienes.

Si los ciudadanos eligen continuar con estas normas, entonces deben respetarlas por conciencia ciudadana, lo cual permitirá una mejor convivencia siendo un buen vecino. Y el que no está dispuesto a vivir en una sociedad democrática y civilizada entonces deberá acostumbrarse a pagar multas.

Durante el año 2018 el municipio efectuó 57032 multas, recaudó $54 millones, incautó más de 6000 vehículos y motos, así como registró 6300 accidentes viales respecto a los 10 mil del año 2011. Las sanciones pecuniarias no han servido como disuasivos para modificar conductas, tampoco la educación vial en las escuelas y jardines de infantes, ni tampoco el sistema de otorgamiento de licencias de conducir mediante cursos específicos al alcance de los conductores. Hay un problema de anomia colectiva y rebeldía social que se manifiesta en el incumplimiento de las normas.

No es responsabilidad del Intendente de turno, es parte de una cultura que perfora transversalmente grupos sociales y edades. Incluye a ricos y pobres, a jóvenes y adultos; al centro y los barrios. Algo pasa. Y es más profundo que un simple hecho o un conjunto de hechos, es algo cultural y la cultura no se transforma de un día para el otro.



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