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INSTITUCIONAL

4 de septiembre de 2019

LA DEFENSA DE PABLO BUTTICE MANIFIESTA QUE SU DETENCIÓN ES TOTALMENTE INJUSTA

El ex Subsecretario de Comunicación y Medios de la provincia lleva un año y medio preso, por lo que su defensa emitió un comunicado.

El abogado defensor del ex funcionario Dr. Adrián Gaitán señaló que: “Buttice lleva un año y medio detenido injustamente y semanas atrás tuvo lugar una nueva denegación por parte del juez de garantías a un pedido de libertad.”

  A continuación, se extrajo parte de la nota emitida por el letrado: “Su caso no se limita a que no existe en absoluto ningún argumento sostenible de riesgo procesal, sino que la investigación ya concluyó en marzo, los hechos están suficientemente explicados e inclusive se han generado elementos a su favor.”

“En síntesis, de un trámite formal a cargo del personal administrativo que Buttice suscribía en razón de su cargo, los fiscales construyen un relato que lo relacionan con una asociación ilícita sin que exista el menor rastro de vinculación con los demás imputados.”

“Es decir, no sólo que no hay elementos que culpabilicen a Buttice sino que desde el inicio la investigación es inconducente porque han tergiversados los supuestos básicos de los hechos, que sólo están relacionados al buen o mal desempeño del personal y que ni siquiera son objeto de persecución penal.”

“En segundo lugar, las firmas en su caso ni siquiera permiten inferir que hubo una conducta que amerite un reproche penal, ya que Buttice no infringió ninguna norma al asignar tareas al personal administrativo, como lo hace cualquier persona que ocupa una posición jerárquica. El trámite no ameritaba su intervención por tener un procedimiento prefijado, y si era una tarea delegada surge con toda obviedad que no existió una conducta de su parte.”

“En efecto, hace más de un año ya está demostrada su inocencia con un hecho que era esperable y que ni siquiera configura un delito penal: que el personal administrativo no tenía el debido cuidado en una tarea que Buttice suscribía, y que a su vez el trámite se remitía a la buena fe del proveedor que confeccionaba su propio documento respaldatorio, con lo cual el engaño provenía del propio proveedor.”

“La causa por la cual se tergiversan los hechos atribuidos a Buttice tiene una explicación muy sencilla: como bien se sabe, la justicia se basa en contrastar posturas a favor y en contra para llegar a la verdad, pero en su rol de tomar la postura acusatoria, los fiscales avanzan en ese sentido para lograr su objetivo particular de tal modo que el objetivo primordial de aclarar los hechos se va invirtiendo y (voluntariamente o no) pasa a ser cada vez más el de confundirlos, y el acusado ve sumamente perjudicada su posibilidad de explicar los hechos.

Este riesgo atenta contra la columna vertebral de la justicia que es el principio constitucional de presunción de inocencia: ¿por qué el Estado es el que debe demostrar culpabilidad y no el individuo el que debe demostrar su inocencia? Por una razón muy obvia: si el supuesto hecho no existe, no se puede probar que no existe precisamente porque no existe. ¿A quién se le puede pedir que muestre una foto donde no esté robando o no esté matando? Esto es lo que se conoce en derecho como inversión de la carga de la prueba, porque el acusado, al verse acorralado por la construcción de un relato en su contra sin indicios suficientes, se ve obligado a lo imposible: dar prueba de su inocencia.

En el caso de Buttice, de un conjunto de firmas infieren por un exceso descomunal e incomprensible una relación delictiva con personas con las cuales no tiene ningún vínculo. Incluso con la carga invertida de la prueba, que es tan difícil y casi imposible de afrontar, entre las pruebas generadas a su favor se muestra una directamente contraria a la acusación: que uno de los imputados, con quien suponen que Butticé formó una asociación ilícita, dirigió desde Fiduciaria el diseño informático del sistema de pagos y ordenó que desde el usuario asignado a Buttice no se pudieran ver montos ni quiénes eran los titulares de las empresas ni ningún otro dato sobre las mismas, todo lo cual tampoco era de su competencia (sólo se podían imprimir notas de certificación generadas desde Fiduciaria).

No deja de ser sorprendente que el sistema jurídico penal no pueda resolver una  equivocación tan grande y en el caso de Buttice no estamos hablando de un hecho confuso o que haya ocurrido a escondidas de la vida pública, sino de un transcurso de dos años a la luz del día, con muchos empleados administrativos directamente involucrados según reglamentaciones accesibles a cualquiera. En este contexto, sólo se puede suponer que se corre aún peor suerte en episodios confusos.

Es muy preocupante que esto pueda suceder diariamente y que los que sufren injustamente una prisión preventiva o una condena no puedan hacerse escuchar por estar criminalizados y desautorizados moralmente.

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