En relación a esta resolución, el magistrado dijo: “Esta es una causa que inicia el año pasado por documentaciones que ingresan a la Fiscalía, en las que se detallan presuntas irregularidades en el municipio de Quitilipi. Esta causa puede considerarse de competencia Federal pero en los tribunales federales de Sáenz Peña. Lo que vimos aquí es que este Programa que fue bajado por la Secretaría de Asuntos Municipales, a cargo por aquel entonces, de la Ingeniera Aída Ayala, estaba tendiente a suministrar herramientas al municipio de esa localidad, para la ejecución de distintas obras”.

En este sentido, agregó:“Por sugerencia de asesores de la ex intendenta de Resistencia, la compra de estas herramientas debía realizarse a un poli rubro muy precario, con mecanismos de facturación bastante cuestionables, porque eran montos que superaban el millón de pesos. Entonces, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Quitilipi advirtió esta irregularidad e hizo un estudio de costos en forma privada. Logrando verificar una exorbitante suma en sobreprecios de dicha compra, ya que en aquel momento el valor de esas herramientas era de la mitad del precio facturado”, explicó, agregando que: “En ese marco, como existe un domicilio fiscal de ese poli rubro  en Resistencia, nosotros consideramos que somos competentes”.

Además  manifestó: “La Justicia Federal consideró que no éramos cometentes, por lo que nosotros cuestionamos ese fallo debido a todo lo antes mencionado y la Cámara Federal nos dio la razón. Por ese motivo recién ahora comienza la investigación sobre la causa detallada, citando a declaración a Aída Ayala y sus asesores de aquel momento. El delito que se le imputa es estrago en perjuicio de la administración pública, después la jueza evaluará si tiene argumentos o no para un procesamiento”, concluyó.

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