Con el kirchnerismo duro movilizándose nuevamente para respaldarla frente a los tribunales de Comodo Py, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner vuelve a presentarse ante la Justicia.

Será, esta vez, en la causa que investiga un supuesto sistema organizado de retornos de empresarios como Lázaro Báez por la concesión de obras públicas.

Los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la acusan de un presunto delito de "administración infiel" y de negociaciones incompatibles con la función pública, y el juez Julián Ercolini citó a la ex mandataria, al igual que a una treintena de ex funcionarios, para dar su testimonio al respecto.

En la previa, Cristina Kirchner volvió a elegir las redes sociales como canal de comunicación con sus seguidores. Desde su cuenta personal de Twitter, publicó gráficos en los que asegura que "ningún grupo empresario recibió más del 5% del total de la obra pública".

"Ninguna compañía ni corporación se alzó con más del 5% del total ejecutado en forma centralizada. El grupo empresario que está primero en el ranking por el monto asignado es Techint de Paolo Rocca, que realizó trabajos por un total de $16.420 millones de pesos, un 4,9% de lo invertido directamente por el Estado Nacional. En segundo lugar está Electroingeniería y, muy cerca, IECSA, de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri", aseguró Cristina.

En ese listado, el grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, figura en el puesto 38.

Junto al listado, la ex mandataria mostró el proyecto de ley que presentaron diputados del FpV reclamando que haya una auditoría completa y total sobre los fondos públicos y las licitaciones, considerando "parcial" la realizada por el gobierno de Cambiemos.