La resolución firmada por el ministro de Salud de la Nación Ginés González García había sido derogada por el expresidente Mauricio Macri.

El texto actualizado incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo -dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)– y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos.

“Esta actualización ordena la atención en los casos contemplados por la ley, en tanto que la práctica se realiza con los mayores estandartes de calidad priorizando siempre la salud de la paciente”, remarcó.

Las causales que habilitan a solicitar una ILE son: que el embarazo constituya un peligro para la salud o la vida de la persona gestante, o que haya sido producto de una violación. La decisión de la persona es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las y los profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas.

El protocolo el derecho individual a la objeción de conciencia. No obstante si un centro médico no quiere hacerse cargo de la atención, debe ocuparse de la derivación de la persona gestante. En caso de que se trate de una emergencia, se deberá garantizar la práctica.

Chaco adhirió al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo en 2012 a través de la Ley 7064 que garantiza la aplicación en todos los establecimientos sanitarios la Guía Técnica para la atención integral de abortos no punible. “Desde su adhesión en el Chaco siempre estuvo vigente el protocolo ILE y no se dejó de aplicar a pesar de que el gobierno nacional anterior haya dado de baja la resolución actualizada en 2015 que incorpora estándares de calidad”, explicó la ministra.

Adhirieron al protocolo actualizado en 2015 diez provincias (Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco). Otras 9 redactaron sus propios protocolos (Catamarca, Chubut, Caba, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza. Dos, Formosa y San Juan, no tienen una guía de esas características pero usan el protocolo nacional. Y tres, Corrientes, Tucumán y Santiago del Estero no tienen ni lo aplican protocolo.