La iniciativa establece que todos aquellos profesionales de la salud contratado bajo el inc. H) del artículo 133 de la ley 1092-A de Administración Financiera, de conformidad con lo dispuesto en el decreto provincial 296/2020; quedarán encuadrados dentro del régimen de contratación establecido por ley 2207-G, con los alcances que regula la misma siempre que actualmente presten servicios presenciales dentro del esquema de emergencia sanitaria provincial y nacional, conforme decreto provincial 430/2020.
Con el advenimiento de la pandemia de COVID-19, nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario.
El Decreto N° 260 del Poder Ejecutivo Nacional del 12 de marzo de 2020, amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada.
?Es por ello que, resulta primordial adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan en pos de preservar la vida de nuestros ciudadanos y ayudar al personal sanitario, de modo tal de brindar la contención económica necesaria que recompense de alguna manera, la vital labor que desempeñan frente a este flagelo.
De esta manera, las contrataciones directas efectuadas por el Poder Ejecutivo provincial, a partir de esta iniciativa, sean bajo la modalidad de locaciones de servicios, con los alcances y beneficios que representa: cobertura de obra social, aportes jubilatorios y estabilidad laboral, siempre que la labor que preste, resulte primordial dentro del esquema de salud.
La iniciativa contempla además, la percepción de una suma de dinero adicional durante el período que se mantenga la emergencia sanitaria.
Con ello pretendemos enaltecer y recompensar el trabajo, la dedicación y esfuerzo de quienes representan la primera línea de guerra para enfrentar este flagelo.
A este panorama tan complejo que se presenta para los trabajadores de salud del Chaco, se suma la controvertida decisión del gobernador de la provincia de Corrientes de obligar a los médicos correntinos que trabajan en Chaco a cumplir con una cuarentena, como si se tratara de personas que llegan del extranjero, avalada luego por el juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, privando, de esta manera, contar con la invaluable asistencia profesional en nuestros establecimientos de salud, vital para estos días.
De más esta decir, que con el invaluable aporte de nuestros trabajadores sanitarios no alcanza, se requiere el esfuerzo de toda la comunidad en colaborar con su ineludible obligación de aislamiento social y extremar medidas de higiene personal que ayuden a mitigar los efectos de este virus, pues de lo contrario inevitablemente repercutiría en el colapso, en el corto o mediano plazo, del servicio de salud.
