El jornalero, que se ganaba el sustento como "bagayero", como se les dice en la frontera a quienes trasladan productos entre Bolivia y Argentina, estuvo preso por contrabando de estupefacientes pero en julio de 2020 fue absuelto porque el Tribunal Oral Federal (TOF) Criminal N° 1 de Salta consideró que no habÃa podido discernir sus actos debido a sus discapacidades, que fueron comprobadas por el cuerpo de peritos de la DefensorÃa General de la Nación.
Por este motivo, la SecretarÃa de Derechos Humanos de la Nación propuso un acuerdo de solución amistosa a la defensora pública oficial que patrocinó al jornalero -cuyo nombre es Raúl Roberto Cardozo SubÃa- en el que reconoció la responsabilidad del Estado argentino en el caso y se comprometió a llevar adelante medidas reparatorias y de prevención para que hechos de este tipo no se repitan.
En su gestación intervinieron el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, la defensora oficial MarÃa Florencia Hegglin -quien actuó por delegación de la Defensora General de la Nación, Stella Maris MartÃnez- y la propia Garrigós, que además es interventora del SPF.
Lo acordado entre las partes compromete al Estado argentino a implementar un cuestionario que identifique posibles limitaciones o dificultades de carácter intelectual en las primeras 72 horas de ingreso de una persona a una cárcel del SPF.
Ese cuestionario de identificación temprana deberá ser aplicado por profesionales idóneos en la evaluación de la salud mental y, en caso de comprobar algún tipo de discapacidad, se dará intervención al Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (Adajus).
Otro de los compromisos del Estado argentino es elaborar un protocolo de actuación para este tipo de situaciones que será confeccionado de manera conjunta por la SubsecretarÃa de Asuntos Penitenciarios, el Servicio Penitenciario, la SecretarÃa de Derechos Humanos y la Agencia Nacional de Discapacidad.
Para implementar el testeo de identificación temprana y el protocolo de rigor, el Estado pondrá en marcha "programas de capacitación permanente" para integrantes del SPF en base a los estándares internacionales de protección de derechos de las personas con discapacidad.
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