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  16 de diciembre de 2016
LA FISCALÍA DE ESTADO PROMOVIÓ UNA ACCIÓN DE AMPARO Y MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIZAR SERVICIOS ESENCIALES
Piden que la Justicia intervenga para que los trabajadores establezcan guardias mínimas en sus puestos y garanticen el pago de las sentencias judiciales, autorización de licitaciones que tengan que ver con la adquisición de insumos médicos y hospitalarios; y autorización de contrataciones de servicios urgentes.

La Fiscalía de Estado de la provincia solicitó ante el Juzgado Civil y Comercial N° 6, disponga una acción de amparo y medida cautelar innovativa para garantizar la efectiva prestación de los servicios esenciales, ante la medida de fuerza adoptada por trabajadores de la Contaduría General y Tesorería.

La Fiscal de Estado subrogante Julia Elena Duarte Artecona llevó adelante la acción fundamentando que los continuos paros que se realizan en las áreas de Contaduría General y Tesorería, imposibilitan y traban no sólo la autorización de contrataciones de servicios esenciales como la adquisición de insumos médicos y hospitalarios, la cancelación de deudas asumidas con los proveedores del Estado; sino también el pago de convenios suscriptos en el marco del Decreto 2092/16 para saldar la deuda con trabajadores judiciales.

Es así que se requiere que las áreas en conflicto garanticen la prestación de servicios esenciales como ser autorización de pagos en el marco del cumplimiento de sentencias judiciales; autorización de licitaciones que tengan que ver con la adquisición de insumos médicos y hospitalarios; y autorización de contrataciones de servicios urgentes. Para ello se promueve que los trabajadores establezcan guardias para la prestación de los servicios, “con la calidad y eficiencia requerida”.

En el escrito presentado al Juzgado Civil y Comercial N° 6, Duarte Artecona alertó sobre la situación que provoca este conflicto como ser la “omisión de tramitar o autorizar un pago para una prótesis, combustible para una ambulancia, poniendo en riesgo la vida de las personas, los aguinaldos y a proveedores, poniendo en riesgo la paz social”. Sostuvo que las medidas de fuerzas, colocan a la Provincia en mora y en situación de incumplimiento, “con graves perjuicios futuros al erario público, en virtud de las consecuencias jurídicas que acarrean los pagos fuera de término”.

Sin menoscabar ni cuestionar el derecho a huelga, la fiscal subrogante aseguró que “el interés de un sector no puede colapsar a toda la provincia, produciendo perjuicios irreparables al conjunto de los ciudadanos”, con el estancamiento de servicios esenciales como la salud pública, educación y acceso a acreencias reconocidas.

“Nos encontramos ante un accionar por parte de un grupo de agentes estatales, que lesionan derechos constitucionales de los habitantes de la provincia”, manifestó Duarte Artecona, que además alertó que los trabajadores “omiten atender a personas y dar trámite a actuaciones vitales para librar órdenes de pago a distintos organismos y proveedores del Estado, destrabar licitaciones, y atender servicios esenciales del Estado”.

Asimismo, la fiscal remarcó el rol del Estado Provincial para proteger y garantizar los servicios mínimos, “adoptando un sistema de guardias efectivas para atender cuestiones urgentes e impostergables”. De esta manera, lo que se busca es “aminorar los efectos negativos” de las medidas de fuerza sobre los servicios esenciales y los derechos constitucionales de una masa colectiva de personas que se ven impedidos de realizar sus trámites.

Duarte Artecona recordó que “el derecho de huelga no puede afectar sustancialmente la continuidad de los servicios públicos, ni el orden social, ni la paz pública, valores cuya tutela se halla a cargo del Estado por imposición constitucional”. En este sentido, se pidió “auxilio” a la Justicia para que tome intervención, y pueda ser efectiva la prestación de los servicios.

En tanto el Juzgado Civil y Comercial N° 6, a cargo del juez Jorge Sinkovich dio autos al pedido de la Fiscalía de Estado, disponiendo un término de dos días para que los trabajadores notifiquen los días y horas inhábiles, y un plazo de 4 horas para que informen si se encuentran ejerciendo el derecho a huelga, desde qué fecha, en qué consisten las medidas, qué afectación provocan respecto a la adquisición de insumos médicos y/u hospitalarios, cancelación de deudas asumidas con los proveedores del Estado, al pago de sueldos, insumos destinados a la fuerza de seguridad, justicia y educación. Además deben informar qué servicios se encuentran garantizados en las dependencias a su cargo en los períodos de huelga.



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