En ese sentido, CAME sostiene que cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto.

En particular, los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado. Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida.

La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente.