La querella particular, ejercida por Gustavo Briend en representación de Gloria Romero, ya había anticipado su rechazo a las sugerencias del Comité de Prevención contra la Tortura para que Emerenciano Sena, Marcela Acuña y su hijo César puedan reunirse. Sin embargo, en las últimas horas el abogado y la querella ejercida por la Secretaria de Derechos Humanos y Género presentaron formalmente su pedido al Equipo Fiscal Especial para que no de lugar a las sugerencias.

Entre las cuestionadas sugerencias del Comité, impulsaron el encuentro entre los imputados por la desaparición y femicidio de Cecilia Strzyzowski, denunciaron la "restricción al derecho a la comunicación o visitas" contra ellos, que "se autorice la comunicación con el mundo exterior en condiciones de igualdad y no discriminación" y que puedan acceder a la atención médica con "médicos de confianza".

En ese sentido, Briend formuló su oposición en 4 páginas. En ella se manifiesta en contra de "cualquier tipo de autorización y/o mejora en las condiciones de detención de los acusados en esta causa", como así también la posibilidad de que los acusados se reúnan ya que "lisa y llanamente implicaría obstáculos en la investigación".

"Justamente el Equipo Fiscal Especial, el Juez de Garantías y la Cámara de Apelaciones al confirmar el dictado de las prisiones preventivas establecieron claramente en su fundamentaciones respectivas, el impedimento de contacto de estas personas familiares directos porque en este etapa procesal, pueden ponerse de acuerdo para continuar con la obstrucción para la correcta tarea de investigación", añadió, resaltando la "conducta reticente" de la familia Sena.

Con ello, el querellante se refiere a la gravedad del hecho, el modo de comisión y sus actitudes inmediatas posteriores, es decir "los actos tendientes a eliminar los rastros y evidencias del hecho endilgado, la continua información falsa a los familiares al producirse la denuncia y otras cuestiones referidas a ocultar datos hacen que en este estadio procesal sea desaconsejable la reunión de los acusados".

Para el abogado, al contarse aún con un requerimiento de elevación a juicio "toda actividad contraria implicaría riesgo procesal, para continuar perfeccionando el plan llevado adelante".

Finalmente, Briend pidió que el trato de los acusados "debe ser igual al resto de los internos". "No deben ser presos privilegiados como así pretender serlo, por ser dirigentes políticos. Todos somos iguales ante la Ley" , cerró.

Nahir Barud, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos y Género y querellante en esta causa, reconoció como "claros" los fundamentos del Comité de Prevención contra la Tortura pero los consideró "no aplicables" al caso ya que "no se ha impedido el contacto de los imputados con sus familiares".

"Hasta tanto no esté clausurada la investigación penal entiendo que resulta harto peligrosa por, no solamente la posibilidad de entorpecimiento de la causa, sino por la posibilidad de fraguar un plan para delinquir o instigar a cometer delitos como ya ha sucedido y esta parte ha adjuntado las denuncias realizadas, donde una de las testigos de esta causa, Rita Romero, fue amedrentada por la hermana de Fabiana González, imputada por Encubrimiento Agravado y cuya participación se encuentra suficientemente probada en el expediente como así también la relación de sometimiento a la familia Sena-Acuña", detalló Barud.

Ahora el Equipo Fiscal Especial, integrado por Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velazquez y Jorge Gómez deberá resolver esta situación. La causa continúa avanzando y según informaron fuentes judiciales a Diario Chaco, la defensa de Griselda Reinoso, acusada de encubrimiento agravado, presentó un recurso de Casación contra la prisión preventiva.

Diario Chaco.