En el marco de la gestión del directorio presidido por Fernando Bercoechea, con el acompañamiento de los vocales Diego Gutiérrez y Diego Monti, desde el IPDUV se lleva adelante un estricto seguimiento de las denuncias registradas sobre posibles irregularidades con unidades habitacionales que han sido vendidas, alquiladas, o cedidas, a terceros sin la intervención del organismo.
Por lo cual, acorde a las políticas establecidas por el gobernador Leandro Zdero, a través del Centro de Atención y Control Ciudadano se recopilan las denuncias para que las mismas tengan el debido tratamiento y resolución.
El equipo del Departamento de Asesoría Legal, analiza cada presentación, con la finalidad de avanzar en la reducción y eliminación de casos irregulares como pueden ser la no ocupación del propietario de la vivienda adjudicada, el alquiler o venta de la casa a cualquier otra persona que haya sido calificado como adjudicatario de la vivienda, el cobro por gestiones para realizar las tramitaciones del acceso a las viviendas o la falsificación de requisitos para calificar como postulante.
En ese sentido, el área Legal no solo recibe las denuncias, sino que, además, inicia y se dedica a un proceso de investigación que consiste en reunir elementos de prueba, para avanzar en lo que establece la ley y llegar a la resolución de cada caso.
Garantizando la reserva de la identidad, se recuerda que las denuncias se reciben de lunes a viernes, de 7 a 12.30 en la sede del IPDUV, ubicada en avenida Sarmiento 1801 en Resistencia, o bien al correo atenció[email protected].
CÓMO ES EL PROCESO
Una vez que se recepciona la denuncia por mesa de entradas, se solicitan informes a todas las áreas correspondientes a la titularidad y cotitularidad de la casa y si existe trámite de regularización sobre el inmueble, estado de deuda, si está condonada o cancelada, si tiene escritura o está en proceso de escritura. Posteriormente, se realiza la constatación domiciliaria con sondeo vecinal y diligenciamiento de cédula si corresponde.
El adjudicatario tiene un plazo de cinco días hábiles para ejercer su derecho de defensa. Luego se realiza el informe social sobre el estado de situación (seguimiento y desadjudicación), la visita a los denunciantes e informe del perfil socioeconómico. Todo ello deriva en el dictamen y proyecto de resolución, elevándose a presidencia con todo lo actuado.
