Este viernes el Ministerio Público Fiscal finalizó con los alegatos en el marco de la causa denominada como "Lavado II" o "PIMP" en la que involucra a la exintendente en tres oportunidades de Resistencia, Aída Ayala y al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, como los principales imputados. 

En ese contexto, y tras una larga jornada que se extendió por casi cuatro horas, la fiscalía federal pidió 10 años de prisión para Aída Ayala y para Jacinto Sampayo por considerarlos penalmente responsables de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de los deberes del funcionario público y defraudación contra la administración pública. Además, Aída Ayala quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.  

EL PEDIDO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

"1) Se condene a ciudadana Aída Ayala de las demás condiciones obrantes de este expediente como coautora penalmente responsable por los delitos de: negociación incompatible con el ejercicio de la función pública (artículo 265 del Código Penal), incumplimiento de los deberes del funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y defraudación contra la administración pública (artículo 174 inciso 5 del Código Penal) a la pena de 6 años de prisión más inhabilitación perpetua en concurso ideal, estos hechos precedentes (artículo 154 del Código Penal) en concurso real (artículo 55) con el delito de lavado de activo agravado como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza (artículo 303. 2, inciso a) en calidad de coautora a la pena de 10 años de prisión más multa de dos veces el monto de la operación solicitando la pena única de 10 años de prisión (artículo 58 del código penal) accesorios legales y costas más el decomiso de los bienes utilizados en el delito del lavado de activos". 

"2) Se condene al ciudadano Jacinto Sampayo de las demás condiciones personales obrantes en este expediente como coautor penalmente responsable por los delitos de negociación incompatibles con el ejercicio de la función pública (artículo 265 del Código penal), incumplimiento de los deberes del funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y defraudación contra la administración pública (artículo 174 inciso 5 del Código Penal) en concurso ideal entre sí (artículo 54 del código penal) a la pena de 6 años de prisión más inhabilitación perpetua en concurso real (artículo 55) con el delito de lavado de activo agravado como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza (artículo 303. 2, inciso a) en calidad de coautora a la pena de 10 años de prisión más multa de dos veces el monto de la operación solicitando la pena única de 10 años de prisión (artículo 58 del código penal) accesorios legales y costas más el decomiso de los bienes utilizados en el delito del lavado de activos". 

LA CAUSA

Conocida como "Lavado II" o "PIMP", busca determinar si se favoreció a la empresa PIMP S.A. con la licitación para recolección de residuos en Resistencia. Los imputados enfrentan cargos que incluyen asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes y lavado de activos agravado.

Para los fiscales, Ayala favoreció indebidamente a la empresa "Pimp S.A." con contratos de recolección de basura que resultaron en un presunto lavado de 260 millones de pesos . Según la fiscalía, la empresa "Pimp S.A." fue creada con el propósito específico de obtener contratos municipales en Resistencia, y que Ayala y Sampayo fueron los ideólogos de la maniobra, que se extendió desde 2014 hasta 2018.

Cabe recordar que Ayala negó las acusaciones y se definió a sí misma como una "intendente exitosa", además de señalar que esta causa marcó el fin de su carrera política, enfrenta además otra causa por corrupción relacionada con su desempeño como secretaria de Asuntos Municipales durante la presidencia de Mauricio Macri.