En el marco de la revisión de los actos administrativos emitidos por la gestión anterior en el Ejecutivo provincial, durante el periodo comprendido entre el 18 de septiembre y el 8 de diciembre de 2023, el Gobierno provincial dejó sin efecto 7 transferencias y promociones de personal administrativo realizadas entre el 6 y 8 de diciembre, es decir, hasta un día antes de que el exgobernador Jorge Capitanich abandonara el poder.

La Comisión Revisora inició el análisis de los Decretos 3707/23, 3723/23, 3670/23, 3678/23, 3677/23, 3622/23 y 3705/23 referidos a transferencias desde el Escalafón General del Personal del Poder Ejecutivo, hacia el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP). Fue así que revelaron la falta de instrumento legal emitido por el organismo de destino, así como la ausencia de cumplimiento de los recaudos esenciales exigidos por la normativa provincial en relación al procedimiento de transferencia de personal administrativo.

Es por eso que concluyeron que los actos administrativos en cuestión eran nulos por los vicios presentes en dichos actos y por el conocimiento de dichos vicios por parte de los agentes interesados, "lo que impidió que estos actos generaran derechos subjetivos en cumplimiento, dejándolos habilitados para su anulación por ilegitimidad e ilegalidad en sede administrativa", precisó el decreto firmado por el gobernador Leandro Zdero.

El personal beneficiado por los decretos que finalmente quedaron sin efecto.

Los agentes involucrados en estas transferencias y promociones son Sabrina Ivana Bogliotti, Noelia Estefanía Berezejczuk, Gilda Gabriela Flores, Alcides Víctor Barreto, Edgardo Alfredo Núñez, Aníbal Mauricio Martínez, Gabriel Osvaldo Vallejos, Belén María Basaldúa y María de los Ángeles Ojeda Ávalos.

Desde el Gobierno advierten que los actos en cuestión presentan como denominador común la falta de instrumento legal emitido por el organismo de destino, además de no haber cumplido con los recaudos esenciales exigidos por la normativa provincial en relación al procedimiento de transferencia de personal administrativo.

Citan para ello la Ley N° 292-A, la cual establece que no se podrá designar, nombrar o contratar agentes sin que previamente existan vacantes y/o partidas presupuestarias disponibles, para lo cual intervendrán la Dirección General de Finanzas y Programación Presupuestaria y la Dirección General del Personal de la Provincia. Además, para cubrir cargos vacantes de nivel inicial de cada categoría correspondiente a los diferentes Ministerios u Organismos que integran la Administración Pública Provincial, se procederá a realizar un concurso abierto anual.

Fragmento de un decreto.

"Los agentes comprendidos no han prestado tareas ni han percibido haberes en los lugares de destino, prestando funciones actualmente en sus respectivos lugares de origen, evidenciando claramente la falta de efectivización de las medidas aludidas, lo que autoriza su revocación en sede administrativa", se señala en el Decreto 425/24.

Finalmente, sobre los 7 empleados públicos manifiestan que no se puede alegar buena fe en el beneficio que recibieron por un "acto irregular". "Estos revisten en la planta permanente de la administración pública, sumado a los antecedentes de hecho expuestos, que hacen que no puedan desconocerse los vicios presentes en base a la magnitud de estos, los cuales se advierten en forma evidente y ostensible de los antecedentes citados, siendo lógico que la Administración pueda anular las transferencias propiciadas por conocimiento del vicio", justifica el decreto de Zdero.