Representantes de los empresarios dueños de los colectivos ratificaron que no tienen cómo hacer frente al reclamo salarial de la UTA y sin la intervención pública es poco posible que las partes puedan cerrar un acuerdo superador.

"No podemos cerrar ningún acuerdo, ya que las tarifas y compensaciones actuales no contemplan si quiera los últimos aumentos de costos por inflación y el último acuerdo que realizamos, en el orden local, con la UTA fue por un no remunerativo $390.000 más diferencias de viáticos, que la pagaron las empresas con los mismos ingresos", comentó uno de los representantes de los empresarios.

"Es imposible contemplar lo que piden los empleados en lo más mínimo. Veremos qué resuelven, pero queda abierta la instancia de conciliación y nosotros expresamos que no se pueden tomar medidas mientras se encuentran abiertas las paritarias a nivel nacional, para la cual se encuentra prevista una audiencia para el 15/8", dijo.

"Pedimos que se reconozcan los costos en función de lo que dice el pliego. Quien decide si van a establecer nuevos recursos o tarifas es el Estado concedente", manifestó.

Desde el sector empresarial indicaron que "hoy el colectivero cobra $737.000 y piden $1.000.000 para junio y $1.060.000 para julio. Además 3 cuotas de $250.000 y $100.000 a cuenta de futuras paritarias".

Si bien la crisis en el transporte no es nueva, desde hace pocos años se impuso una política de sinceramiento tarifario y, por lo tanto, los recursos nacionales, destinados a mantener un servicio económico, ya no están disponibles.

Una provincia como el Chaco no tiene muchas posibilidades, por lo que este tipo de conflictos continuarán afectando notablemente a los pasajeros, que muchas veces, las medidas de fuerzas los sorprenden en las paradas de colectivo.

El conflicto actual se da pese a que la provincia convocó para finales de septiembre a dos audiencias públicas para debatir las tarifas del transporte público de pasajeros del Gran Resistencia.