La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que tomará acciones legales para defender su autonomía frente a la intervención que considera inconstitucional por parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo del Poder Ejecutivo Nacional. La SIGEN comenzará a auditar los gastos de la universidad el próximo lunes 28 de octubre, en el marco de un conflicto que suma tensiones entre la universidad y el Gobierno Nacional.
El Consejo Superior de la UBA, en una sesión reciente, determinó iniciar medidas judiciales para bloquear cualquier injerencia de la SIGEN, argumentando que su intervención violaría la autonomía consagrada por la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior. Según el artículo 75, inciso 19, de la Constitución, las universidades nacionales tienen garantizadas su autonomía y autarquía, lo que implica estar desvinculadas del Poder Ejecutivo y únicamente sujetas a la potestad regulatoria del Congreso.
"La Constitución y la Ley de Educación Superior refuerzan la independencia de las universidades nacionales, limitando expresamente la intervención del Ejecutivo en las cuestiones administrativas y académicas de estas instituciones," afirmó el rector Ricardo Jorge Gelpi, quien califica la auditoría como una medida "unilateral" que vulnera la administración autónoma de la universidad.
MEDIDAS INTERNAS DE CONTROL Y ANTECEDENTES
La Universidad de Buenos Aires estableció un sistema de control interno a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), creado en 2013 mediante la Resolución (CS) N° 8237/13. Según las autoridades de la UBA, este régimen cumple con las normativas de transparencia necesarias para supervisar sus finanzas, por lo que rechazan la intervención de la SIGEN en sus asuntos internos.
La Ley de Administración Financiera N° 24.156 limita la competencia de la SIGEN a las dependencias del Poder Ejecutivo y sus organismos descentralizados, excluyendo a las universidades nacionales de su órbita de control. En sintonía con esta normativa, la Ley de Educación Superior establece que el control administrativo externo de las universidades corresponde a la AGN.
REPERCUSIONES
El vocero presidencial Manuel Adorni manifestó su postura en redes sociales, señalando: "La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos; algunos parecen no entenderlo". Esta declaración encendió aún más el debate, en un contexto en el que el Gobierno propuso auditorías sobre el uso de los fondos estatales destinados a las universidades.
El conflicto sobre la autonomía universitaria se produce en medio de las tensiones generadas por el veto del presidente Javier Milei al financiamiento universitario. El presidente sostuvo una postura controversial en la que destacó que la gratuidad universitaria representa, en su visión, un subsidio de los sectores más pobres a los más ricos. Esta visión, sumada al cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner a Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento, ha generado un fuerte rechazo en ámbitos académicos y políticos.
EL PAPEL DE LA JUSTICIA
Gelpi, rector de la UBA, adelantó que, si bien acatarán "de manera irrestricta la resolución judicial", sostiene que el sentido y alcance de las leyes y derechos ciudadanos debe ser interpretado por los jueces, no por los funcionarios del Poder Ejecutivo ni sus empleados. Con esta declaración, la universidad reafirma su compromiso de defender en tribunales lo que considera un derecho constitucional.
El Consejo Superior de la UBA ya instruyó a su Dirección de Juicios para que inicie las acciones legales correspondientes. La universidad espera que esta medida subraye la importancia de la autonomía universitaria y evite cualquier intervención que pudiera comprometer sus operaciones y su independencia.
