El gobernador Leandro Zdero dispuso extender la intervención de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas debido a una serie de anomalías detectadas en su funcionamiento, irregularidades que aún persiste. La medida se concretó en mayo a través de un decreto que removió a la directora provisional Fanny Blanco y designó a Marcela González como interventora por un plazo de 180 días, al vencerse ese plazo se firmó una prórroga por un similar periodo.
La intervención responde a graves irregularidades administrativas y técnicas registradas durante el ejercicio 2023 y años previos. Entre las anomalías destacadas se encuentra la demora en la remisión de registros vitales al Ministerio de Salud de la provincia, lo cual generó varios reclamos oficiales. Asimismo, se detectaron irregularidades en la gestión de asistencia del personal, no se hallaron al día reportes de varios agentes en los años 2020, 2021, 2022 y 2023.
Durante una inspección el 29 de abril de 2024 en una oficina del Registro Civil ubicada en el Hospital Perrando, se encontraron actas incompletas, sin firma ni sello, y un tomo de cien fojas sin habilitación registrada. Este tipo de irregularidades había sido ya advertida en enero del mismo año por Blanco, quien labró un acta, aunque no se verificó ninguna acción administrativa para resolver las fallas observadas.
La falta de insumos básicos y la carencia de mantenimiento de equipos también fueron mencionadas en los reclamos elevados por la Dirección a lo largo de 2023, lo que afectó el funcionamiento de varias oficinas de registros civiles en la provincia. Según el decreto, estas irregularidades vulneran las obligaciones establecidas en la Ley 3969 A, que asigna al Ministerio de Gobierno la responsabilidad de garantizar la identificación de personas y el registro de hechos vitales en todo el territorio provincial.
González, quien asumió como interventora, tiene la responsabilidad de realizar un control exhaustivo en la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Ahora, durante los próximos 180 días, deberá continuar supervisando la implementación de prácticas administrativas acordes a la normativa vigente, asegurando la prestación eficiente del servicio.
