ACTUALIDAD
31 de enero de 2025
El Gobierno impulsará el rechazo judicial al pedido de Cristina Kirchner por su jubilación de privilegio

La ex presidente quiere mantener sus $ 21 millones de jubilación de privilegio.
El Gobierno nacional presentará esta semana ante la Justicia su respuesta al pedido de Cristina Kirchner para mantener su jubilación de privilegio, una asignación mensual de $ 21.000.000 netos que había sido suspendida tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad. Según fuentes del Ejecutivo, el documento ya está listo y se enviará este viernes para ser notificado a la exmandataria.
La Casa Rosada basa su defensa en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece el "mal desempeño" como causal para la pérdida de beneficios como la jubilación de privilegio. En este marco, argumentan que la confirmación de la condena por corrupción es suficiente justificación para que la exvicepresidenta pierda el derecho a la asignación. Además, el Gobierno citará jurisprudencia relacionada con casos similares para sustentar su postura.
La estrategia también se apoya en la ley 24.018, que determina que las asignaciones vitalicias no corresponden a quienes, tras un juicio político o un sumario, hayan sido removidos por mal desempeño. En este sentido, el Ejecutivo considera que la confirmación judicial de la condena de Cristina Kirchner constituye una "remoción" por "mal desempeño" en el ejercicio de sus funciones públicas.
El equipo legal de la ANSES, encabezado por Mariano de los Heros, trabajó en la respuesta administrativa, la cual había sido planificada para presentarse antes del cierre de la feria judicial. La decisión de suspender los haberes de la exfuncionaria, según fuentes oficiales, también se toma como parte de una postura política en la que se critica la presunta "indignidad" de Cristina Kirchner, acusándola de atentar contra la democracia y enriquecerse a costa del Estado.
En Balcarce 50, señalan que las asignaciones especiales son incompatibles para quienes hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, citando como precedente la eliminación de beneficios otorgados a expresidentes de facto entre 1976 y 1983. Además, el Gobierno no descarta continuar con la revisión de otras jubilaciones de privilegio, aunque aseguran que no se incluirá a Carlos Menem, cuyo beneficio sigue siendo cobrado por su viuda, Zulema Yoma.
Por su parte, el abogado de Cristina Kirchner, Facundo Fernández Pastor, presentó un recurso alegando que la medida tomada por el Ejecutivo "viola derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional" y que no se notificó de forma adecuada. El abogado solicitó también la devolución de los haberes retenidos con intereses y costas.
En el Gobierno, algunos funcionarios reconocen que la suspensión de la jubilación fue una medida "discursiva", pero esperan que la disputa llegue a la Justicia Federal de la Seguridad Social. Aunque algunos expresan dudas sobre la defensa a largo plazo de esta medida, el Gobierno está decidido a sostener su postura en los tribunales.
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