Mientras el Gobierno se mantiene imperturbable ante la catarata de cuestionamientos de la oposición por la designación en comisión de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, la Corte Suprema se reunirá hoy en su plenario habitual y podría decidir si accede a tomarle juramento a los dos nuevos integrantes del tribunal, una respuesta que en la Casa Rosada esperan con ansiedad.

A través de canales informales, el Poder Ejecutivo le hizo saber ayer a la Corte que espera que formalice con la ceremonia de juramento la incorporación de Lijo y García Mansilla antes del sábado, cuando el presidente Javier Milei hable ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

¿Qué puede resolver la Corte ante este pedido? Aceptarlo, rechazarlo o aplicar el remedio de la “cronoterapia”, el nombre que el ex juez de la Corte Carlos Fayt le daba a una de las herramientas que el tribunal tenía para evitar pronunciarse sobre los reclamos de alta trascendencia política.

Sin embargo, la forma en que los seis jueces de la Cámara Federal avalaron ayer por unanimidad el pedido de licencia del juez Lijo para integrar la Corte, le agrega complejidad al tema. ¿Por qué? Porque la resolución firmada ayer por el titular del tribunal, Mariano Llorens, junto a sus pares Eduardo Farah, Roberto Boico, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Martín Irurzun, se inclinó por otorgarle a Lijo la “licencia extraordinaria sin goce de haberes para asumir como Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, decidiendo así resolver el caso sin enviarlo a la Corte Suprema, para que ésta se pronuncie sobre el pedido. Durante el acuerdo de la Cámara se barajó esa opción pero fue descartada.

El juez Ariel Lijo (Jaime Olivos)

En la resolución votaron por “hacer lugar a la petición”, “comunicar al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”, y “remitir copia de lo actuado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante oficio de estilo”. Es decir, que la Corte no recibió el pedido para pronunciarse, sino que sólo fue notificada. Esto significa que -a menos que decida abrir el caso para cuestionar la decisión de todos los jueces de la Cámara federal- no podría pronunciarse.

¿Qué podría pasar entonces en el plenario de hoy? La posición de uno de los tres jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti es conocida públicamente, en cuanto que avala los nombramientos de Lijo y García Mansilla. Pero la incógnita es la respuesta que darán al pedido oficial el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz. Si no hay respuesta y la jura se dilata, el tribunal se encamina al comienzo de una crisis institucional.

Dentro del Gobierno hay sectores “duros” que están dispuestos a ir a fondo para que se ejecute el decreto, pero otra ala de la Casa Rosada busca una solución que evite un conflicto de poderes entre Milei, como titular del Poder Ejecutivo, y Rosatti, como cabeza del Poder Judicial, si se retrasa la asunción.

En ese juego de extremos, ayer por la tarde trascendió que el jefe de Estado estaría dispuesto a tomarle juramento a Lijo si en la Corte decidieran desconocer su potestad para designarlo en comisión. Es una posición de máxima, que los negociadores anoche pusieron en duda. Es que el artículo 112 de la Constitución Nacional establece taxativamente que el juramento solo lo puede tomar el presidente de la Corte por acordada o por acto formal.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz

Sin embargo, una voz clave admitió la posibilidad de que sea el presidente de la Nación el que, efectivamente, les tome a Lijo y García Mansilla el juramento de estilo. En LN+ y ante la consulta de Luis Majul sobre si ambos juristas van a estar en la apertura de sesiones del sábado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respondió: “Primero tienen que jurar y luego asumen formalmente el cargo, van a su despacho y a partir de ahí participarán de todos los actos oficiales (...) La licencia se pide a la Cámara, luego de eso tiene que haber un acto de juramento, sea ante la Corte, sea ante el Presidente, sea ante la Cámara de Casación o ante quien sea. A partir de que un juez presta juramento se lo pone en funciones”.

A la par de esta decisión que debe tomar la Corte, ya hay decenas de presentaciones desde diversos sectores, y ayer una ONG, Red de Mujeres para La Justicia, que reúne a juezas de todo el país, pidió un per saltum al alto tribunal, es decir, que este intervenga directamente en el tema. También se pronunció en contra el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que preside Ricardo Gil Lavedra, a través de una declaración institucional.

Cuando recién la semana pasada se calmaron las aguas por fallo Levinas, que otorga más poder a la Corte de la Ciudad y provocó la reacción en unánime de las Cámaras nacionales de distintos fueros, la Corte parece sumergida nuevamente en una encrucijada.