El paro de trabajadores del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos del Chaco (Insssep) ingresó en su octava semana, afectando gravemente la cobertura médica y previsional de más de 275 mil afiliados. Iniciado el 13 de marzo, el conflicto se convirtió en uno de los más prolongados y profundos en la historia reciente del Chaco.
El reclamo se centra en la falta de aumentos salariales, el rechazo a jubilaciones de oficio impulsadas por el directorio y recortes en bonificaciones. La presidenta del organismo, Irene Dumrauf, sostuvo que la protesta es "extorsiva y sin justificación legal ni presupuestaria". Argumentó que acceder a los pedidos implicaría un gasto mensual de más de $3.100 millones, afectando áreas sensibles como medicamentos oncológicos, prótesis y servicios médicos.
Además, señaló que el paro impide emitir órdenes de pago, lo que bloquea el circuito de cobro de los prestadores y agrava el colapso del sistema. "Si no hay órdenes, no hay pagos. Y sin pagos, los prestadores suspenden servicios", advirtió.
Por su parte, la secretaria general del gremio, Zulema Coria, denunció que Dumrauf "maneja el Insssep como una pyme familiar", con familiares en cargos jerárquicos y sueldos millonarios. También presentó una denuncia penal contra el gobernador Leandro Zdero por calumnias, tras declaraciones públicas en su contra. “Esta denuncia no es solo por mí, sino por todas las mujeres que ejercen liderazgo y son atacadas por eso”, afirmó.
Mientras tanto, el Foro de Prestadores –que nuclea a sanatorios, médicos y bioquímicos– advirtió que la falta de pagos pone en riesgo la continuidad de las prestaciones. Afiliados denuncian falta de medicamentos, colas interminables, trámites demorados y un sistema de salud paralizado. “La farmacia está desabastecida y no hay stock de medicamentos esenciales”, señalaron desde el gremio.
El conflicto comenzó con la no renovación de 126 contratos firmados durante la gestión anterior, considerados irregulares por el actual directorio. A eso se sumó el reclamo por aumentos, ya que –según el sindicato– en lo que va del año solo recibieron un 3,2% de incremento.
Desde el gobierno se denunció el incumplimiento de las guardias mínimas y se inició una acción judicial para garantizar el funcionamiento básico del organismo. Sin diálogo a la vista, el paro continúa y los afiliados siguen siendo los principales perjudicados por un conflicto que parece lejos de resolverse.
