Una de las decisiones centrales fue la derogación de varios regímenes informativos. Entre ellos, se eliminó la obligación de informar las compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como el “Citi de los escribanos”, que obligaba a reportar todas las operaciones notariales. También dejaron de estar vigentes los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas desde $32.000, publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios públicos como electricidad, agua, gas y telefonía.