5 de junio de 2025
La Cámara de Diputados aprobó la ley de emergencia en discapacidad
La medida presentada por la oposición fue aprobada con un total de 143 votos afirmativos, 71 en contra y 3 abstenciones. Ahora, la iniciativa será enviada hacia el Senado
En ese sentido, se prevé una actualización mensual automática de los aranceles de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) informado por el INDEC, con financiamiento a cargo del Estado. Además, se establece una compensación de emergencia por la diferencia entre los incrementos otorgados en 2024 y la inflación acumulada en ese mismo período. Estos mecanismos buscarán dar respuesta a un problema muy concreto: que las personas con discapacidad se queden sin ayuda profesional (por ejemplo, maestras integradoras, terapias o traslados) por los bajos salarios y las demoras en los pagos.
Otro punto relevante es el financiamiento para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus programas vinculados a salud, accesibilidad, inclusión, prevención y promoción del modelo social de discapacidad. A esto se suma el compromiso de garantizar recursos para la plena implementación de la Ley 26.816, que regula el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.
Desde el sector de La Libertad Avanza ya habían anticipado su rechazo al proyecto de emergencia y ratificaron su posición durante el debate. Tal como habían anticipado, una de las críticas se refirió a la falta de información respecto al método de financiación propuesto para cubrir las modificaciones, sin que esto pusiera en riesgo el objetivo de mantener el déficit fiscal en cero.Sin embargo, los bloques que acompañaron la medida tuvieron un acuerdo común: que la declaración de emergencia no era un respuesta a las problemáticas de base. “Ni siquiera con esta emergencia estamos resolviendo el tema”, expuso el diputado Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, tras señalar que la discusión que se dio en la sesión sería apenas un camino para solucionar los reclamos propios del régimen de discapacidad.
“Es cuestión de voluntad política”, sostuvo la diputada Soledad Carrizo, de la Unión Cívica Radical (UCR), al remarcar la necesidad de profundizar el debate, con el fin de pensar respuestas efectivas a las diferentes falencias que presentaría el sistema de discapacidad.
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