En junio, el fiscal general paraguayo, Emiliano Rolón, declaró al diario ABC que un abogado y ex juez, cuyo nombre no fue divulgado, intentó negociar la entrega de Marset a cambio de la liberación de García Troche. El fiscal enfatizó la imposibilidad de alcanzar ningún acuerdo con un prófugo, aunque aseguró que Marset recibiría las garantías constitucionales en caso de entregarse. La información salió a la luz tras la difusión de una carta asignada a Marset, donde este acusa a los gobiernos de Uruguay, Bolivia, Estados Unidos y, en particular, a Paraguay, por presuntas persecuciones y beneficios a partir del narcotráfico. En el mismo texto, Marset asegura que no será capturado y condiciona un posible acuerdo a la liberación de su familia.