El nuevo régimen se enmarca en las modificaciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 379/2025, que amplió la aplicación optativa de la mediación prejudicial a controversias en materia de salud cuando el requerido sea una entidad comprendida en las Leyes 23.660, 23.661 o 26.682.
La medida también establece que los mediadores en materia de salud deberán contar con una matrÃcula diferenciada y cumplir con requisitos especÃficos de antigüedad y ausencia de sanciones vigentes. Los mediadores inscriptos en registros provinciales podrán acceder al registro nacional si acreditan la antigüedad exigida en su jurisdicción de origen, aunque deberán cumplir con la normativa nacional y abonar la matrÃcula anual correspondiente.
En cuanto a los honorarios, la resolución fija que los mediadores percibirán el equivalente al Ãtem I de la escala aprobada por el Decreto 1467/2011, independientemente del monto en discusión. Si la mediación culmina con acuerdo, el honorario se incrementará hasta cinco veces ese importe, en función de la especialización requerida en controversias de salud.El Gobierno también derogó el apartado de actas del Anexo II de la Resolución 2740/2012, estableciendo que la generación y gestión de actas se realizará exclusivamente a través del sistema digital MEPRE, aprobado en 2013.
El propósito principal consistirá en facilitar la resolución de los conflictos que presentan los usuarios del sistema de salud, a la vez que buscará evitar la judicialización y desalentar la proliferación indiscriminada de amparos. AsÃ, PROMESA funcionará como una instancia optativa, diseñada para resolver disputas de forma ágil y con menores costos.
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