En la presentación, el abogado denunciante cita la investigación penal preparatoria, tramitada en la UFI N° 1 de San Isidro y asegura que se comprobó la existencia de un documental “no autorizado” sobre el debate, con la jueza Julieta Makintach como protagonista y con la participación de personas allegadas a ella, quienes habrían obtenido beneficios económicos.

Entre las pruebas incorporadas al pedido de jury, está la declaración del subsecretario de Comunicación y Medios de la Suprema Corte, Ezequiel Ernesto Klass, quien dijo que Di Tomasso sabía de la existencia de la cámara que ingresó el primer día a la sala y que le consultó sobre su autorización.

También adjunta la testimonial de la secretaria del tribunal, Laura Soledad Minici, que manifestó que informó a los jueces sobre la presencia de personas filmando sin autorización y que estos le indicaron que permitiera su estadía, sin dejar constancia alguna.

En el escrito, Baqué -representado por el letrado Martín de Vargas- concluyó que las conductas de Savarino y Di Tomasso encuadran en las causales de remoción previstas en la ley 13.661, como incompetencia, negligencia, incumplimiento de deberes, y comisión de graves irregularidades. En este sentid, solicitó la suspensión preventiva de ambos magistrados y el inicio del proceso de juicio político para su destitución.