Los transportistas buscan subir aún más el precio del pasaje, pero la Alcaldía, que regula el transporte urbano, exige estudios técnicos que respalden la tarifa propuesta por los choferes. A partir de hoy, se anunciaron multas y el retiro de la licencia de operación si los autobuses no retoman el servicio o cobran arbitrariamente un monto mayor al establecido de manera transitoria.

Algo similar ocurre en la ciudad sureña de Tarija, donde tras una reunión de varias horas con los choferes, la Alcaldía definió el lunes por la noche una tarifa transitoria. Sin embargo, en otras ciudades como La Paz y Cochabamba no se ha modificado el precio del pasaje, pero hay denuncias de cobros irregulares.

Se prevé que en la reunión se establezcan los criterios para definir el costo del transporte urbano. En paralelo, este lunes, la Autoridad de Regulación y Fiscalización del Transporte inició un proceso para definir nuevas tarifas del transporte interdepartamental, considerando criterios de nivelación y sostenibilidad.

Esta política, que suponía uno de los mayores gastos públicos con un desembolso semanal de 60 millones de dólares para la importación, se tornó insostenible a raíz de la crisis económica y la caída de la renta petrolera, que era el principal ingreso del país.

A la protesta de los choferes urbanos, se sumaron juntas vecinales, la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras, el lunes cerca del mediodía hubo 20 puntos de bloqueo por conflictos sociales en seis de los nueve departamentos del país.