Hasta ahora, todos los servidores públicos estaban obligados a presentar antes del 1 de abril de cada año una declaración detallada de ingresos y gastos, una práctica introducida formalmente como parte de los compromisos anticorrupción asumidos por el Kremlin en la década pasada, aunque ya entonces con escasa fiscalización independiente.
Opositores y organizaciones crÃticas del Kremlin sostienen que la nueva ley consolida un sistema de opacidad financiera diseñado para blindar a las élites polÃticas y de seguridad frente a cualquier escrutinio público. Denuncian además que la eliminación de controles coincide con un endurecimiento de la represión polÃtica y la concentración de poder en torno al Ejecutivo.
Sin embargo, analistas y expertos en Rusia señalan que estos casos suelen responder más a disputas internas entre facciones de la élite que a una polÃtica sistemática de limpieza institucional. Según estas fuentes, los funcionarios que reemplazan a los destituidos reproducen las mismas prácticas, sin que se alteren las estructuras de fondo que permiten la corrupción.
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