Otro eslabón relevante fue Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de USD 110 millones y actuó como intermediario en operaciones de cambio de bonos, con pasos por jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y Argentina. Desde Adcap reconocieron su rol como agente financiero y sostuvieron que todas las operaciones se ajustaron a la normativa vigente y estuvieron debidamente documentadas, afirmando que los fondos se transferían luego a cuentas de la AFA en bancos argentinos. No obstante, en los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), TourProdEnter aparece mencionada de manera marginal, identificada como deudora y sin que se detalle su rol central en la estructura internacional de cobros y pagos.

En este marco, el juez federal Luis Armella emitió la orden de los procedimientos, a partir de un pedido formulado por la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, en conjunto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal general Diego Velasco. Por disposición del Ministerio Público, los allanamientos alcanzaron no sólo la vivienda de Faroni, sino también la sede de la AFA, en la calle Viamonte 1366, y el predio que la entidad posee en Ezeiza.

En el corazón del expediente aparece TourProdEnter LLC, la empresa que funcionó como engranaje central del circuito financiero bajo la lupa judicial. La firma fue creada en agosto de 2021 en el estado de Florida, Estados Unidos, y en tiempo récord pasó a ocupar un rol estratégico: se convirtió en agente comercial exclusivo de la AFA para la gestión de contratos internacionales, con aval del Comité Ejecutivo que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Según registros bancarios incorporados a la causa, entre 2021 y 2024 TourProdEnter administró más de USD 260 millones, canalizados a través de cuentas abiertas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JP Morgan. Parte sustancial de esos fondos provino de empresas vinculadas directamente a la Selección, como Adidas, además de Argentina Football Distribution (AFA Play) y Reporter Broadcasting Company.

A esto se suma el envío de cerca de USD 110 millones a Adcap Uruguay Agente de Valores, entidad que actuó como intermediaria en operaciones financieras que incluyeron la liquidación de bonos y el paso por distintas jurisdicciones. Para la Justicia, este circuito podría haber servido para triangular fondos, eludir controles y facilitar maniobras de lavado de activos.

Aunque Javier Faroni sostiene que la firma actuó siempre dentro del marco legal y que su operatoria respondió a las restricciones cambiarias vigentes en la Argentina, para los fiscales TourProdEnter constituye la pieza central del entramado financiero investigado, tanto por el volumen de dinero administrado como por la opacidad de parte de su circuito de transferencias.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2024 por el empresario Guillermo Tofoni ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal de Estados Unidos, donde alertó sobre presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos mediante cuentas en territorio norteamericano. Según esa presentación, TourProdEnter habría acumulado alrededor de USD 25 millones en una cuenta del banco Synovus sin declarar esos fondos ante el fisco argentino. Parte de esos recursos, siempre según la denuncia, provendrían de un amistoso de la Selección en China y de un acuerdo de patrocinio, y no habrían ingresado a cuentas de la AFA ni al país.

Con la prohibición de salida del país ya efectiva y los allanamientos en marcha, la causa entra ahora en una etapa decisiva. La lupa judicial se posa no sólo sobre Faroni y TourProdEnter, sino también sobre la cúpula de la AFA, en una investigación que promete escalar y que podría exponer uno de los entramados financieros más complejos y sensibles del fútbol argentino reciente.