De esta forma, la Unión Europea se reservó la posibilidad de activar salvaguardias agrícolas ante dos escenarios concretos. Por un lado, si el ingreso de un producto proveniente del Mercosur supera en más de un 5% el volumen promedio registrado en los últimos años. Por el otro, si esas exportaciones presionan a la baja los precios internos europeos y generan una caída de al menos 5% frente a los valores históricos.

En ambos casos, el bloque podría frenar por tiempo indeterminado la baja de aranceles prevista en el acuerdo y dejar en suspenso los beneficios comerciales para el sector. Cabe destacar que previo a la modificación que introdujo la UE, el límite en ambos escenarios era del 10 por ciento.

Si bien el tratado ya está firmado por todos los países incluidos, aún deberá ser aprobado también por los parlamentos de cada una de las naciones. En la Argentina, el acuerdo está dentro del temario que deberá abordar el “Hay un gris legal, porque el acuerdo está firmado y las modificaciones no estaban incluidas, aunque también puede ser un juego de política por parte de Italia o Francia para dilatar la entrada en vigencia del tratado”, comentó Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales ArgentinasEl funcionario agregó que la Argentina explica apenas el 3% de las importaciones totales de la Unión Europea, por lo que, en los hechos, la medida podría leerse más como una señal política que como una respuesta a un riesgo comercial concreto. En ese marco, Francia aparece como el principal impulsor del endurecimiento de las salvaguardias, en defensa de un sector agroindustrial fuertemente subsidiado y ante el potencial exportador de países como Brasil y la propia Argentina, incluso con retenciones vigentes.

Sin embargo, la preocupación del sector no se limita a las salvaguardias en sí. En el agro recuerdan que la Unión Europea tiene una larga tradición de limitar importaciones a través de herramientas para-arancelarias, como exigencias ambientales, sanitarias o de trazabilidad que encarecen los procesos productivos y reducen la competitividad de los exportadores.

En ese sentido, ya está en discusión la exigencia de que productos como la carne y la soja que ingresen desde América del Sur provengan de campos que no hayan sido deforestados en los últimos años. Desde el sector advierten que cumplir con esos estándares implica mayores costos, sin que Europa esté dispuesta a pagar un precio más alto por ellos.