En cuanto a los procedimientos, el decreto establece que para utilizar los dólares guardados fuera del sistema, los contribuyentes deberán “bancarizarlos”, es decir, integrarlos al sistema financiero nacional. Esto podrá realizarse tanto en el origen como en el destino de los fondos.

La exigencia responde a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sostienen que la trazabilidad de los fondos reduce riesgos vinculados al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Para adherir al RSG, la normativa exige ingresos anuales menores a $1.000 millones, un patrimonio inferior a $10.000 millones y no estar calificado como gran contribuyente. Solo se computan ingresos propios, sin contemplar los percibidos como intermediario. Entre los beneficios para quienes se incorporen al régimen figuran la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago, junto con detalles sobre los casos en los que se aplica la figura de discrepancia significativa.

Aún está pendiente de confirmación si los lineamientos definidos en la reglamentación satisfacen las expectativas de las entidades bancarias privadas, o si la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá emitir nuevas instrucciones, en un contexto de transición en su dirección. Se prevé que en los próximos días ARCA publique nuevas Resoluciones Generales para ajustar y precisar el régimen en marcha.