La sesión en la Cámara Alta está prevista para las 11 y el debate se centra en transferir a las provincias la facultad de determinar qué zonas podrían habilitarse para la actividad minera, con una mayor flexibilidad de criterios para explotar el recurso.

Actualmente, la ley protege tanto los glaciares como las áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la redefinición de los espacios periglaciares, cuya descripción como zonas de alta montaña con suelos congelados y función de regulación hídrica es considerada demasiado amplia por sectores empresariales.

La iniciativa mantiene bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, pero hace hincapié en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio original de los recursos naturales por parte de las provincias. Según el nuevo texto, serán las jurisdicciones provinciales quienes definirán si un área específica es una reserva de agua dulce y tendrán la potestad de aprobar los estudios de impacto ambiental que presenten las empresas mineras.

Para Greenpeace y otras decenas de ONG’s, “la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones”.