Tras su detención, el régimen venezolano lo acusó públicamente de terrorismo, conspiración y de participar en un supuesto plan para atentar contra la vida de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, hoy presidenta encargada. Las imputaciones fueron formuladas en declaraciones públicas por entonces dictador venezolano Nicolás Maduro, quien lo presentó como parte de una presunta trama desestabilizadora. Sin embargo, hasta el momento no se conoció la apertura de ningún proceso judicial formal en su contra, ni la existencia de una acusación con sustento probatorio presentada ante un tribunal competente.

Durante su permanencia en El Rodeo 1, Gallo compartió condiciones de reclusión con otros detenidos considerados presos políticos por organizaciones de derechos humanos. El penal es señalado por familiares y ONG por el régimen de aislamiento, las restricciones a las comunicaciones y la falta de información oficial sobre la situación procesal de los internos.

Según relató su entorno, Gallo se había sumado a la huelga de hambre como medida extrema ante la falta de avances en su caso. La protesta incluyó la negativa a ingerir alimentos durante varios días. La familia expresó preocupación por su estado de salud, dado el prolongado aislamiento y la ausencia de controles médicos independientes.

Hasta la tarde de este domingo, no se confirmó si Gallo continúa bajo custodia estatal, si fue derivado a otra unidad de detención o si se encuentra en alguna sede de inteligencia. Tampoco hubo precisiones sobre si el traslado forma parte de un procedimiento administrativo previo a una eventual liberación o si responde a otra decisión interna del aparato de seguridad venezolano.

La familia de Gallo mantiene contacto con autoridades argentinas y continúa reclamando información precisa. La expectativa generada por los gritos escuchados desde el penal —que hablaban de una supuesta “liberación”— fue rápidamente moderada al confirmarse que solo se trató de un traslado.

El silencio oficial del régimen venezolano se mantiene. No hubo comunicados del Ministerio Público, del Poder Judicial ni de organismos de seguridad que expliquen el estado procesal del gendarme argentino. Del lado argentino, la postura oficial ha sido exigir su liberación y denunciar la falta de garantías.