"Estamos prendiendo velas a la coparticipación", afirmó a Infobae un importante gobernador que tiene diálogo con la Casa Rosada. Se trata de un diagnóstico de urgencia que marcan prácticamente todos los mandatarios provinciales del país: que cada vez se hace más difícil dar incrementos a empleados estatales, docentes y fuerzas policiales. "Nadie gana bien y estamos administrando pobreza", reconoce otro.

En las últimas semanas, se realizaron diferentes protestas de las policías provinciales por pedidos de incremento salarial. En Santa Fe se resolvió otorgando un incremento de todos los salarios por arriba de la canasta básica total; en tanto, en Jujuy, el caso más reciente, se acordó un aumento del 10 %, con actualización del salario mínimo y las sumas de cobros adicionales. Esto promete replicarse en otros territorios y en diversos rubros estatales.

Hay gobernadores que, ante esta situación, indican en off the record que les gustaría impulsar, en conjunto con Nación, una suerte de Pacto Fiscal para el 2026. "Yo estoy hasta las manos con las cuentas. Pero me parece una apuesta interesante que si nos ponen en el desafío de bajar impuestos, que sea todos juntos y de manera coordinada", marcó uno de ellos, en diálogo con Infobae. Algunos de sus pares abonan a esa idea. Otros creen que no hay margen.

Quienes tienen interés de que existan conversaciones con Nación indican que se deberían revisar Ingresos Brutos, el Impuesto al Cheque y las Declaraciones por Exportaciones (DEX).

Este medio conversó con fuentes gubernamentales al respecto. Sorprendidos, marcan que "siempre está bueno bajar impuestos y este Gobierno viene para eso", pero que "ya se bajaron un montón y mandamos una baja de Ganancias hace poco en la reforma laboral", la cual fue uno de los puntos en la cual la gran mayoría de los gobernadores se abroquelaron para rechazar. "�Ahora resulta que varios están para un pacto fiscal?", remata una fuente inobjetable.

El artículo 190 de la versión original del proyecto de Modernización Laboral establecía una reducción de tres puntos porcentuales en la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las grandes empresas. La iniciativa apuntaba a equiparar la carga tributaria local con la de otros países de la región y, según el argumento oficial, a mejorar la competitividad y estimular la inversión privada.

Desde la Casa Rosada argumentaban que la rebaja de Ganancias tendría un costo fiscal del 0,65 % del PBI, que recaería en un 0,5 % para Nación y 0,15 % en las provincias. Pero advirtieron que esta caída se vería compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serían formalizados. Pese a esto, desde varias jurisdicciones plantearon que la reducción no contaba con una compensación clara. Es decir, no estaban dispuestos a tomar el riesgo.

"Sacando alguna excepción, porque puede que alguna provincia haya bajado algo de gasto, si vos mirás a nivel macro consolidado desde 2023 para acá, el gasto nacional bajó casi cinco puntos del PIB, mientras que las provincias y municipios nada. Haciendo un análisis serio, los que tienen que empezar a bajar gasto y impuestos son ellos", marca una fuente que trabaja con el Presidente.

Es decir, no hay planes en el Gobierno para impulsar esto. Por lo pronto, Milei dijo explícitamente en su discurso de la Apertura de Sesiones Ordinarias que hay que "reformar el esquema impositivo" y que "como tantas veces hemos dicho, necesitamos menores impuestos, porque el sistema tributario tiene que servir al crecimiento; no al recaudador de turno". Altísimos colaboradores del Presidente no dijeron si esta cuestión forma parte de algunos de los primeros paquetes de reformas que se prevén enviar al Congreso. Parece que incluso prevén esperar a que exista cierto rebote de la recaudación.

Infobae informó a comienzos de año que el Gobierno habló con emisarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre que las únicas rebajas de impuestos que el Gobierno contemplaba para este año serían las incluidas en la iniciativa laboral y de que, en caso de que el margen fiscal se amplíe, podrían evaluarse medidas sectoriales.

En el Poder Ejecutivo reconocen que están "medio justos" con el equilibrio fiscal. "No seguimos avanzando con más bajas de impuestos, pero en cuanto tengamos más superávit lo vamos a hacer. Más allá del presunto pacto fiscal, la baja del impuesto a las ganancias de las empresas era importante para nosotros porque permitía generar trabajo. Las empresas que vienen de afuera miran cuánto tienen que pagar y lo comparan con un país más grande, con mejor infraestructura y más productivo como Estados Unidos, que tiene veintipico de Ganancias, y ya arrancás perdiendo seis a cero",

"Nosotros estamos para cualquier cosa. No creo que los gobernadores sinceramente lo estén", rematan.

Un informe reciente del think tank Instituto Argentina Grande marca que producto de la caída de la recaudación de los últimos dos años, cayeron los recursos tributarios de origen nacional (los recursos coparticipados) que reciben las provincias. Pero además, cayeron las transferencias no automáticas que hace el gobierno (con la excepción de CABA por fallo judicial como compensación por la disputa por la coparticipación). La diferencia acumulada de ingresos de origen nacional a las provincias entre 2024 y 2026 contra 2023 es de 15,3 billones de pesos.

El Gobierno comenzó a proponer diferentes eliminaciones de impuestos provinciales y municipales a través de diferentes vías. Días atrás, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, propuso quitar el impuesto a las patentes para vehículos con más de 15 años de antigüedad y modificar el ABL.

La provincia de Buenos Aires no fue una excepción en los planes libertarios. A través de Sebastián Pareja, el espacio violeta propuso eliminar o reducir más de 270 tasas y trámites municipales en 116 distritos bonaerenses, con el objetivo de aliviar la carga fiscal que afecta a pymes, productores, comercios y consumidores.

El plan impulsado por los bloques de concejales libertarios contempla la eliminación de 138 tasas, la reducción de otras 120 y la simplificación de 11 trámites, junto a 6 recomendaciones, abarcando tanto tributos de gran incidencia económica como aquellos calificados como "insólitos" dentro del propio proyecto. Entre los ejemplos citados en la propuesta se encuentra la "tasa COVID", implementada en Morón durante la pandemia y aún vigente, la tasa por movimiento de ganado en Carlos Tejedor con una recaudación estimada en 600 millones, y la tasa para desinfección de remises, taxis y combis en Cañuelas.

En lo que refiere a la cuestión mayormente económica, el think tank que comanda políticamente Santiago Caputo, la Fundación Faro, creó un "Consejo de la Libertad", el cual consta de 24 referentes de los territorios subnacionales que van a impulsar reformas libertarias en las provincias y en los municipios.

Aunque se entiende que puede haber medidas de corte político, esta área es presidida por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y una de las personas de mayor confianza del ministro Luis Caputo, por lo que se entiende que el componente tributario será tenido en cuenta. El mismo Milei lo anunció medio año atrás durante un encuentro de la Fundación Faro. "A través del Consejo de la Libertad se van a crear faros que funcionen a nivel local encargados de iluminar hasta el último rincón de la Argentina con las ideas de la libertad", marcó.