Nueve hombres fueron procesados por el delito de trata de personas, acusados de explotar sexualmente a 50 mujeres, entre ellas dos menores de edad, en un local nocturno, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

El caso, que expone la continuidad de un modelo de explotación sexual encubierta bajo la apariencia de boliches, fue impulsado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N�12, dirigida por Alejandra Mángano, con el apoyo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

El local, situado frente al cementerio de la Recoleta, funcionaba bajo la fachada de un boliche en la calle Vicente López 2134. De acuerdo con la investigación, las mujeres eran captadas para realizar llamadas "presencias" y servicios de "copas" a cambio de pagos bajos, lo que, según la hipótesis de la Fiscalía, las empujaba a ofrecer encuentros sexuales con clientes en hoteles cercanos.

La causa señala que la estructura operativa se extendió al menos entre abril de 2022 y el 9 de julio de 2024, fecha en que se realizó el allanamiento. En el operativo, se identificaron 50 mujeres, 43 de ellas en calidad de "presencias", según profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas.

El juez federal Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N�7, dictó el procesamiento de los nueve imputados sin prisión preventiva. Cinco fueron considerados presuntos coautores del delito de trata agravado por la presencia de menores, mientras que los otros cuatro quedaron como partícipes necesarios. El juzgado dispuso embargos sobre los bienes de los acusados por un total de 7.800 millones de pesos e inhibió la disposición de bienes de la sociedad responsable del local. Además, se prohibió la salida del país y el acercamiento a las víctimas para todos los imputados.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia anónima realizada el 6 de abril de 2022 a través de la Línea 145, que recibe información sobre trata y explotación de personas bajo la supervisión de la PROTEX y el Ministerio de Justicia de la Nación.

Según lo indicado en el portal de los fiscales, en la denuncia aseguraron que el local operaba como prostíbulo encubierto, presentándose como bar y boliche, con entradas de entre 30 mil y 50 mil pesos para compartir mesa con una mujer. Se detalló que las mujeres no podían irse antes de las 6.30 de la mañana y que se coordinaban encuentros sexuales en hoteles cercanos. Además, se mencionó la presencia de menores de edad, venta de drogas y posible connivencia policial.

La investigación atribuye a la organización una estructura jerárquica y roles definidos. La empresa, conformada por dos de los actuales imputados y un tercero fallecido en 2024, operaba como pantalla legal para obtener habilitaciones y encubrir la verdadera actividad.

Uno de los acusados era responsable de contactar y entrevistar a las mujeres; otro realizaba tareas de administración e incorporación de nuevas trabajadoras; un tercer imputado se ocupaba del reclutamiento por redes sociales; y otro gestionaba reservas y registraba ganancias por "copas". Otros cuatro intervenían en la operativa diaria: registro, cobro, administración y logística.

El funcionamiento del local estaba restringido exclusivamente a clientes varones, con acceso a partir de las 22 y hasta las 6 de la mañana. El ingreso requería reserva o pago de una consumición mínima. Las mujeres eran reclutadas principalmente a través de Instagram, Facebook y WhatsApp, bajo ofertas de "presencias" que ocultaban las condiciones reales de trabajo y explotación.

El reclutamiento estaba a cargo de un grupo denominado "los públicas", compuesto por tres de los imputados. Según la investigación, las mujeres llegaban al lugar por recomendación de conocidas, derivadas por los mismos acusados o a través de clientes de otros boliches que informaban sobre la existencia del lugar. Los organizadores pedían fotos o perfiles de redes sociales para evaluar si cumplían los estándares exigidos.

El servicio de "presencias" consistía en acompañar a los clientes en la mesa, conversar, beber y bailar para incentivar el consumo. Por esta actividad, las mujeres percibían pagos fijos de 7.000 a 20.000 pesos por noche, sin recibir porcentaje por las copas vendidas. El horario era estricto: debían presentarse a las 22 y no podían retirarse antes de las 6. Si llegaban tarde o se iban antes, no cobraban. El fichaje y el pago final eran supervisados por seguridad o personal de caja.

Otra modalidad era la de "bailarinas", que realizaban bailes sensuales sobre las mesas, a veces casi desnudas, recibiendo un pago fijo y propinas entregadas por los clientes en sus prendas. Los encuentros sexuales, denominados "pases", se pactaban en el local y se concretaban en hoteles cercanos, con tarifas de 150 a 500 dólares. De ese monto, los organizadores retenían como mínimo 100 dólares. La resolución judicial indica que el pago base apenas cubría los gastos de traslado, por lo que muchas mujeres se veían obligadas a aceptar estos encuentros para aumentar sus ingresos.

El funcionamiento del local estaba reforzado por un sistema de cámaras de seguridad y la presencia constante de personal, lo que generaba un entorno de control y vigilancia sobre las mujeres.

El juez Casanello resaltó que la estructura operaba bajo la fachada de legalidad proporcionada por la sociedad comercial, lo que facilitaba que las mujeres aceptaran condiciones de control y sometimiento. Según su resolución, las víctimas eran exhibidas como objetos y obligadas a tolerar abusos con el consentimiento de los organizadores.

En este caso, la resolución judicial estableció una conexión directa con el prostíbulo Madaho's, donde previamente se documentaron hechos de trata con fines de explotación sexual. Este nuevo lugar habría continuado el mismo esquema bajo otra denominación, con operadores y modus operandi similares. El análisis societario permitió identificar la reiteración de actores y la persistencia del modelo.

El flujo financiero analizado entre enero de 2021 y noviembre de 2025 reveló movimientos por 1.500 millones de pesos en cuentas asociadas a la sociedad anónima, incluyendo depósitos en efectivo por más de 95 millones de pesos. El juzgado advirtió sobre la utilización de garantías inmobiliarias cruzadas y transferencias a familiares para ocultar el origen de los fondos, describiendo una estructura organizada para legitimar ganancias derivadas de la explotación sexual.