Agostina Páez enfrentó este martes la audiencia por haber realizado gestos considerados racistas hacia empleados de un bar en el barrio de Ipanema, lo que derivó en tres denuncias penales por discriminación. El video del hecho, que se viralizó rápidamente, fue clave y le valió una tobillera electrónica y la prohibición de abandonar el país. Ahora, luego de que la Fiscalía y la querella no se opusieron a que regrese a Argentina, solo le queda esperar la firma del juez para estar de nuevo en su casa.
Mientras tanto, el caso de Agostina ha despertado una pregunta que se repitió en redes sociales: por qué el Gobierno no pudo interceder para que estuviera antes de regreso en Argentina.
En el caso de Agostina, y en el de cualquier otro detenido en el exterior por causas penales, el gobierno de Argentina no puede intervenir para traerlos de vuelta por un principio básico del derecho internacional: la soberanía judicial del país donde ocurrió el hecho.
Sobre la situación de Agostina, como el hecho investigado ocurrió en Río de Janeiro, la justicia brasileña tiene competencia exclusiva. Eso significa que la investigación, la detención o retención, el proceso judicial y cualquier restricción para salir del país solo pueden decidirlos jueces o fiscales brasileños.
Ningún gobierno extranjero puede ordenar que la persona vuelva a su país.
A través del consulado en Río o la embajada en Brasilia puede verificar que la detenida tenga defensa legal, asegurarse de que no se vulneren sus derechos, permitir contacto con la familia, visitar a la persona si está detenida o facilitar un abogado o traductor.
Esta asistencia consular, como se la llama, se le brindó a Páez desde el mismo día en el que fue informada del proceso, según ella misma destacó varias veces. También este martes estuvo la gente del consulado presente en la audiencia a la que no pudo ingresar ni el papá de la acusada.
Sin embargo, el consulado argentino en Río no podía sacarla del país ni interferir en la causa. Eso solo se puede lograr a través de un consenso entre las partes durante una audiencia judicial, como ocurrió este martes.
En ese contexto, el canciller Pablo Quirno tuiteó la noticia sobre el regreso de Agostina esta noche con la frase: "Hechos, no palabras".
Agostina solo necesita ahora la firma del juez para regresar al país. Es que, tal como lo explicó la abogada Carla Junqueira a los medios argentinos que estaban en Río de Janeiro, la Fiscalía y la querella no se opusieron a su retorno a Santiago del Estero.
"El juez tiene que definir en el escrito la caución pecuniaria (fianza); es una cuestión de días", aclaró la letrada.
Ahora, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios incluso en Argentina. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, pero depende de la resolución del juez sobre qué tiene que pagarles a las víctimas y cuánto dinero.
Una cuestión positiva, además del ofrecimiento de disculpas de la imputada, fue que, en lugar de las tres denuncias que le endilgaban a la santiagueña y que llevaban la pena en expectativa a 15 años de cárcel de máxima, la Fiscalía la redujo a una: un delito continuado con tres víctimas a las que deberá resarcir.
Ese cargo que le quedó a Agostina como acusación "tiene una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios en Argentina y pago de reparación a las víctimas", aclaró Junqueira.
