El debate oral para escuchar las sentencias se hizo cuatro años después, pero el silencio ya estaba instalado mucho antes. Cuando en febrero de 2000 los jueces comenzaron a leer las condenas dentro de la Unidad Penitenciaria de Melchor Romero, los acusados por cuestiones de seguridad extrema no estaban frente a ellos: seguían todo desde sus celdas, a unos 200 metros, a través de un sistema de audio y video que se utilizaba por primera vez en la historia en un proceso de este tipo. Eran 24 imputados. Algunos pertenecían a la banda que había tomado el control del penal de Sierra Chica. Otros se fueron sumando en distintos niveles de participación.

Los nombres y las penas quedaron fijados en ese momento: reclusión perpetua para Marcelo "Popó" Brandán Juárez, Jorge Pedraza, Juan Murguia, Miguel Acevedo, Víctor Esquivel y Miguel Ángel Ruiz Dávalos. Condenas de 15 años para Ariel "Gitano" Acuña, Héctor Galarza, Leonardo Salazar, Oscar Olivera, Mario Troncoso, Héctor Cóccaro, Jaime Pérez y Carlos Gorosito Ibáñez. Doce años para Daniel Ocanto y Lucio Bricka. Alejandro Ramírez fue absuelto. Guillermo López Blanco recibió seis meses.

El caos y la violencia feroz habían empezado mucho antes, en otro lugar y bajo otra lógica. Durante ocho días de la Semana Santa de 1996, la cárcel de Sierra Chica dejó de responder al Estado. No fue un estallido instantáneo, sino una progresión. Un deslizamiento hacia un territorio sin control en una prisión que, paradójicamente, había sido concebida para vigilarlo todo.

Con 144 años de historia, esa unidad de máxima seguridad estaba organizada en doce pabellones alrededor de un punto central, siguiendo el modelo panóptico ideado por Jeremy Bentham en 1791: un esquema donde un solo guardia podía observar todo sin ser visto. Ese principio se quebró en cuestión de minutos el sábado 30 de marzo, pasado el mediodía.

El movimiento inicial fue mínimo y sigiloso: un pedido para usar el teléfono. Marcelo "Popó" Brandán Juárez se acercó a la guardia. Detrás suyo, un cómplice ingresó armado. Redujeron a los agentes del Servicio Penitenciario. Enseguida entraron más internos. La toma fue rápida. Hubo un intento de fuga que no prosperó: otros guardiacárceles repelieron la maniobra a tiros. Desde ese momento, la prisión cambió de manos.

Había alcohol casero circulando —el "pajarito", preparado con levadura fermentada, agua hervida y cáscaras de fruta— y drogas. Esa combinación generó un estado de excitación que potenció la violencia. Lo que siguió no fue desorden: fue direccionado e intencional.

La banda de "Los 12 Apóstoles" –así calificados por el número de sus integrantes y por la fecha religiosa en que produjeron la revuelta tras las rejas-, liderada por Popó, fue a buscar al grupo rival encabezado por Agapito "Gapo" Lencina. El primer asesinato fue el de Hugo Barrionuevo Vega: un disparo y múltiples puñaladas. Después vinieron otros seis. Lencina resistió con un cuchillo, pero lo mataron a tiros y facazos. La secuencia fue inmediata, sin pausas y con mucha prisa.

Entre los internos que atravesaban ese escenario estaba Carlos Eduardo Robledo Puch, cumpliendo prisión perpetua por sus crímenes atroces. Se dijo que durante la sedición se refugió en la capilla de la cárcel junto a otro grupo de presos. Él sostuvo otra versión: que permaneció en su celda junto a otros detenidos, resistiendo con agua y comida racionada desde el inicio del motín.

Mientras la violencia crecía adentro, afuera se acumulaban decisiones que no se tomaban. La jueza María de las Mercedes Malere llegó al penal junto a su secretario Héctor Torrens para negociar. Alcanzó a decirles a los amotinados: "Se están equivocando, haciendo una cagada enorme". No hubo negociación posible en ese momento. Fue tomada como rehén. Popó la sujetó del brazo. Una faca presionaba el cuerpo de su secretario. Ambos fueron trasladados al pabellón 6 en medio del horror imperante sin que pudieran mencionar otras palabras.

Luego, la magistrada fue separada y llevada a una celda bajo vigilancia directa. En uno de los momentos más tensos, los amotinados la trasladaron hacia un sector elevado del penal y amenazaron con arrojarla si no cesaban las acciones represivas externas. Durante todos esos días, su situación fue objeto de versiones cruzadas. Ella nunca las confirmó. Ni siquiera en el juicio. Solo definió lo vivido como "una situación límite, extrema" y se refugió en su propio silencio.

El entonces gobernador Eduardo Duhalde evaluó intervenir por la fuerza a través del aterrizaje de helicópteros dentro del penal. La opción implicaba una alta probabilidad de muertes. Finalmente, desistió. Mientras tanto, dentro de la prisión, la dinámica se volvía cada vez más cerrada y violenta. Los Apóstoles tomaron el control interno. Daban órdenes. Quien se negaba a obedecer era ejecutado sin mediar palabra. José Pérez fue asesinado a facazos por rechazar participar en el descuartizamiento de cuerpos.

Los cadáveres fueron mutilados con hachas, desmembrados y colocados en ollas. Después, esos restos fueron cocinados en el Horno 1 de la panadería del penal. Ese horno, que hoy produce el pan para cerca de dos mil internos, fue utilizado entonces para preparar empanadas de carne humana.

Algunos rehenes y guardiacárceles —diecisiete en total— fueron obligados a comerlas. Más tarde, los propios internos les dijeron lo que habían ingerido: "Te estás comiendo un rocho", provocando en ellos todo tipo de reacciones, desde descomposturas severas hasta desmayos. El nivel de violencia alcanzó extremos simbólicos. Con la cabeza desmembrada de Lencina jugaron al fútbol dentro del penal dándole puntapiés como si se tratara de una pelota. Ese episodio, entre otros, fue reconstruido durante el juicio.

"Todo el que se rebelaba contra los 'porongas´ (capos de la cárcel) iba a parar al horno de la panadería", quedó registrado en las audiencias orales. Con el paso de las horas, el control de los Apóstoles no solo fue físico sino también psicológico. Muchos internos que no pertenecían a ninguna de las dos bandas quedaron atrapados en una zona gris: obedecer o morir. Algunos fueron obligados a presenciar las mutilaciones como forma de disciplinamiento. Otros intentaron desaparecer dentro del propio penal, refugiándose en celdas ajenas o mezclándose entre grupos para no ser identificados. La lógica interna dejó de responder a cualquier código previo y se volvió imprevisible, marcada por decisiones instantáneas y castigos ejemplificadores.

Mientras eso ocurría en el interior, hacia afuera la escena tenía otra dimensión. El 5 de abril, los amotinados subieron al techo del pabellón 11 y hablaron con la prensa. La imagen se volvió icónica. Desde allí exigían autos, armas y hasta un helicóptero para garantizar la fuga. Amenazaban con matar a todos, incluida la jueza. "Hay heridos graves y todo se va a pudrir más si no cumplen", advertían.

El clima interno era de tensión permanente. También de cálculo. En paralelo, el Servicio Penitenciario intentaba reconstruir información fragmentaria sobre lo que ocurría adentro. Los datos llegaban a cuentagotas, muchas veces a través de los propios rehenes liberados o de gritos que se filtraban hacia el exterior. La imposibilidad de dimensionar con precisión el nivel de violencia fue uno de los factores que condicionó cualquier intervención directa. Cada decisión se tomaba con un margen de incertidumbre extrema, en un contexto donde cualquier movimiento podía desencadenar una matanza mayor.

Con el correr de los días comenzaron a liberar rehenes de manera parcial. Las demandas se enfocaron en beneficios concretos: aplicación del "dos por uno" para presos sin condena, aceleración de causas judiciales y traslados a cárceles federales. El miedo a las represalias ya era explícito. "Acá se la tienen jurada a estos hijos de puta", se repetía dentro del penal.

El Domingo de Pascuas llegó la rendición. Algunas exigencias fueron concedidas con modificaciones. La violencia se detuvo, pero lo ocurrido ya era irreversible. El saldo fue ocho muertos —entre ellos Lencina y Barrionuevo Vega—, el doble de heridos y una serie de hechos que marcaron un antes y un después en el sistema penitenciario argentino.

Con el tiempo, las consecuencias se dispersaron. Algunos de los condenados murieron. Otros recuperaron la libertad. Varios reincidieron y volvieron a prisión. El episodio dejó al descubierto fallas estructurales: sobrepoblación, autogobierno interno de los pabellones y la consolidación de jerarquías violentas entre internos.

Años más tarde, en 2014, el director Jaime Lozano llevó la historia al cine con Motín en Sierra Chica –que puede encontrarse en YouTube-, protagonizada por Alberto Ajaka, Daniel de Vita, Darío Levy, Jorge Sesán, Luciano Cazaux, Valeria Lorca y José Glusman, recreando hechos que, lejos de exagerarse, resultaron fieles a lo ocurrido.

Hoy, dentro de esa misma cárcel, el Horno 1 sigue en funcionamiento. Produce pan todos los días para los internos. Nada en su estructura indica lo que pasó ahí. Pero en Sierra Chica hay cosas que no desaparecen: circulan en relatos fragmentados, en silencios persistentes —como el de la jueza Malere— y en una certeza que todavía incomoda. Durante ocho días, el Estado perdió el control. Y todo lo demás quedó librado a otra ley impuesta por marginales a pura violencia y muerte.