La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la ley de Glaciares, en una sesión que contó con la presencia de los 256 miembros del cuerpo. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, mientras que hubo 5 legisladores ausentes. El resultado reflejó la fuerte polarización en torno a la iniciativa, que fue respaldada por los bloques aliados al oficialismo y rechazada por la mayoría de la oposición y los diputados de fuerzas de izquierda.

La reforma modifica los criterios de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, otorgando mayor potestad a las provincias para definir, mediante estudios técnicos propios, qué áreas quedan sujetas a resguardo y cuáles pueden habilitarse para actividades como la minería. El texto sancionado precisa la definición de los espacios protegidos y permite avanzar en la explotación de recursos minerales en zonas que, según evaluaciones provinciales, no cumplen funciones hídricas relevantes.